INVESTIGACIÓN
En su primera reunión tras la designación de Maximiliano Ferraro como presidente, la Comisión Investigadora del caso $LIBRA aprobó por mayoría su reglamento interno. Los 14 diputados de la oposición votaron a favor, mientras que el oficialismo y sus aliados decidieron no emitir voto y retirarse de la sesión. Solo Mariano Campero y Yolanda Vega se abstuvieron.
El reglamento habilita a la comisión, con aval judicial, a solicitar el uso de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados a declarar, así como la realización de allanamientos y el secuestro de documentación, siempre que existan pruebas concretas. Estas medidas podrían aplicarse, por ejemplo, para interrogar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a otros funcionarios clave vinculados con la promoción de $LIBRA.
Entre los convocados se encuentran: Manuel Adorni, Demian Reidel, Guillermo Francos, Sergio Morales, los organizadores del Tech Forum Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, María Florencia Zicavo, Alejandro Melik, Luis Villanueva, José Massoni, Roberto Silva, Paul Starc y Giselle Castelnuovo.
Aunque Christian Castillo, diputado de Izquierda, propuso citar directamente a Javier Milei, la comisión decidió enviarle únicamente un cuestionario formal que deberá responder por escrito en un plazo de cinco días hábiles.
Además, la comisión aprobó oficiar a exchanges involucradas en el pool de liquidez de $LIBRA, con el objetivo de rastrear 109 transferencias y vincular billeteras con identidades específicas. También se contempla la creación de una subcomisión especial para preservar información que pudiera estar bajo secreto de sumario.
En paralelo, el diputado Juan Marino presentó pedidos de informes sobre reuniones de empresarios vinculados a $LIBRA en Casa Rosada y Olivos, documentación de encuentros con Javier y Karina Milei, publicaciones del Presidente en X, expedientes de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación y dictámenes de la Oficina Anticorrupción.
Otro eje de investigación se enfocará en el hackeo a la cuenta de José Luis Espert en marzo, que podría estar relacionado con la estafa de $LIBRA. La comisión solicitará al Juzgado Federal N° 2 y a la empresa X.Corp detalles de la denuncia, verificación de la pérdida de control de la cuenta y actuaciones internas realizadas.
El reglamento establece que la comisión puede solicitar informes, testimonios, denuncias, acceso a causas judiciales, peritajes, impedir que personas clave salgan del país, ordenar allanamientos y requerir el uso de la fuerza pública, siempre con respaldo judicial. Las declaraciones serán presenciales y orales, salvo excepciones, y se podrán realizar careos ante contradicciones.
La coordinación del trabajo estará a cargo del presidente de la comisión, con plazos de respuesta de cinco días hábiles y un informe final público que deberá presentarse ante la Cámara de Diputados al 10 de noviembre de 2025 o cuando se agote el objeto de investigación.
