TENSIONES
La media sanción del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados dejó un balance ambiguo para el Gobierno de Javier Milei. Si bien el oficialismo logró avanzar con el proyecto central de su agenda económica, no consiguió aprobar un capítulo clave que incluía la derogación de las emergencias en discapacidad y del financiamiento universitario, lo que generó reproches internos y cuestionamientos hacia gobernadores considerados aliados.
El revés se produjo al momento de la votación por capítulos, cuando diputados que responden a mandatarios provinciales dialoguistas rechazaron el capítulo 11 del Presupuesto, donde estaban contempladas ambas derogaciones. Tras esa decisión, en la Casa Rosada apuntaron directamente contra los gobernadores, a quienes responsabilizan por la falta de respaldo político.
Dentro del Ejecutivo advirtieron que, con la continuidad del artículo 75, el Presupuesto pierde sentido en términos de ajuste del gasto y no descartaron que, si el escenario se repite en el Senado, el presidente Javier Milei evalúe vetar la norma.
En el oficialismo diferenciaron a los aliados que sí acompañaron de aquellos que se desmarcaron. Entre los primeros ubicaron al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuyos diputados nacionales apoyaron el paquete económico completo, al igual que los legisladores vinculados a Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Leandro Zdero en Chaco.
En un segundo grupo quedaron gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, sobre quienes se concentraron las mayores críticas. Sin embargo, el foco principal de los cuestionamientos internos recayó sobre el neuquino Rolando Figueroa, señalado por el oficialismo por no cumplir compromisos previos respecto del voto de su representación en Diputados.
Desde el punto de vista numérico, el retiro de apoyo más significativo provino del bloque peronista. Aunque algunos legisladores se abstuvieron o no estuvieron presentes, la mayoría terminó votando en contra del capítulo que contenía las derogaciones. Además, gobernadores del Norte ya habían anticipado que no acompañarían esa parte del Presupuesto una vez conocido el contenido del artículo.
Tras la votación, en el oficialismo comenzaron a revisar el vínculo con sus aliados y a analizar fallas en la estrategia parlamentaria. Entre las hipótesis que circulan se menciona que el artículo vinculado a las derogaciones no habría sido parte de las negociaciones previas con los gobernadores, ya sea por haber sido incorporado pocos días antes del dictamen o incluso el mismo día de la sesión.
Polémica por las designaciones en la AGN
La tensión política se profundizó horas después de la sesión, cuando el Gobierno avanzó con la designación de tres nuevos representantes en la Auditoría General de la Nación (AGN). La decisión generó rechazo en la oposición y también entre sectores aliados, al considerar que el tema no estaba incluido en el temario habilitado para las sesiones extraordinarias.
Las designaciones provocaron la reacción del bloque del PRO, que denunció una vulneración a la Constitución Nacional. En señal de protesta, esa bancada se retiró del recinto junto a la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, cuestionando que la votación se realizara fuera de los temas convocados.
De este modo, aunque el Gobierno logró un avance clave con la media sanción del Presupuesto 2026, el debate dejó al descubierto fisuras con sectores aliados y abrió un nuevo frente de conflicto político que podría impactar en el tratamiento de la ley en el Senado.
