PROYECTO DE LEY
El Ministerio de Educación de Mendoza presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el funcionamiento del Fondo Escolar Permanente, una herramienta destinada al financiamiento de obras y equipamiento del sistema educativo. La propuesta busca ampliar las fuentes de recursos del fondo y habilitar nuevos mecanismos financieros para favorecer el acceso a la vivienda del personal docente.
La iniciativa, impulsada por el ministro Tadeo García Zalazar, plantea cambios sobre la Ley 9.545, con el objetivo de incorporar al patrimonio del fondo los ingresos obtenidos por la venta o disposición de bienes en desuso y otros rezagos pertenecientes a la Dirección General de Escuelas (DGE).
Según el proyecto, esos recursos continuarán destinándose a la adquisición de terrenos, la construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares, con el propósito de fortalecer la infraestructura educativa en toda la provincia.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la creación de un régimen que permita utilizar parte de los recursos del Fondo Escolar Permanente como respaldo de operaciones crediticias, bancarias o financieras destinadas a programas de soluciones habitacionales para los docentes. El texto también contempla que esos fondos puedan respaldar fideicomisos, garantías o intercambios de inmuebles vinculados con esos objetivos.
La iniciativa sostiene que el déficit habitacional que atraviesa parte del personal docente hace necesario desarrollar instrumentos financieros que faciliten el acceso al crédito sin comprometer los recursos destinados al funcionamiento habitual del sistema educativo.
En ese sentido, el proyecto aclara que la utilización del fondo como garantía no implicará su suspensión ni una modificación de su finalidad original. En cambio, prevé la creación de mecanismos específicos, como reservas o fideicomisos de garantía, con disponibilidad restringida y bajo las condiciones que establezca la reglamentación correspondiente.
De avanzar en la Legislatura de Mendoza, la reforma permitirá a la Dirección General de Escuelas ampliar las herramientas de administración de sus recursos patrimoniales y habilitar nuevas alternativas de financiamiento para proyectos de vivienda docente, al tiempo que mantendrá el financiamiento destinado a la mejora de la infraestructura escolar.
