DISPUTA LEGAL
La batalla judicial por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York sumó este martes un nuevo capítulo de máxima tensión. Mientras la Argentina presentaba sus argumentos para evitar la entrega de acciones de la petrolera, la jueza Loretta Preska ordenó al país entregar el contenido de las comunicaciones de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa.
Según fuentes cercanas, la orden se conoció luego de que los abogados del Estado argentino presentaran un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control de YPF.
En su presentación, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones causaría un daño irreparable a la República y podría desatar un conflicto diplomático significativo con Estados Unidos.
El escrito sostiene que la orden de Preska vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino.
Además, el Gobierno remarcó que el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino.
Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación.
Durante la audiencia de este martes, la jueza Preska resolvió diversos pedidos efectuados por los demandantes hace aproximadamente un año, limitando la discusión al tema de la prueba a producir (discovery) con vistas a la posible ejecución de la sentencia.
Entre las órdenes, la jueza dispuso que la República Argentina produzca comunicaciones internas relacionadas con YPF y el BCRA, y entregue comunicaciones desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios.
También se autorizó discovery sobre posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
De acuerdo con fuentes oficiales, la medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, porque vulnera la soberanía argentina y no se cree conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República.
Aunque el caso se encuentra en apelación, el gobierno de Javier Milei considera que ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery, entregando más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países.
Una fuente cercana a la Casa Rosada afirmó que “es evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery” y que su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para “hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía”.
Finalmente, la República Argentina indicó que está evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa.
