La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto 759/2025, que había suspendido la actualización de los salarios docentes y las becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario.
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Gobierno nacional aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución Nacional.
El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras —prevista en el artículo 83 de la Constitución—, no resultaría admisible una variante suspensiva para la promulgación y aplicación de la norma aprobada por el Parlamento.
La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado nacional cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta que se dicte la sentencia definitiva.
Los fundamentos del fallo
En los fundamentos de la decisión, Cormick advirtió que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al señalar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo universitario afectado.
El magistrado añadió que esta situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Asimismo, el juez rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno, al sostener que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.
Finalmente, la resolución cuestionó la medida del Poder Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.
El fallo aclaró que la cautelar se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, aunque consideró reunidos los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario.
