REFORMAS CLAVE
El Gobierno de Mendoza avanza en la elaboración de un paquete de siete proyectos de ley que buscarán modificar distintos aspectos vinculados a la seguridad pública, la prevención del delito y el funcionamiento del sistema penitenciario provincial.
Las iniciativas serán enviadas a la Legislatura antes de fin de año e incluyen cambios en la Ley de Tránsito, el Código Contravencional, el régimen de responsabilidad penal juvenil y nuevas herramientas para la investigación criminal y la seguridad vial.
Uno de los proyectos apunta a otorgar un marco legal al Laboratorio de Identificación Balística, que funciona desde el año pasado y permite determinar si un arma fue utilizada en hechos delictivos como homicidios o robos, además de reconstruir la trazabilidad del armamento involucrado.
Otra de las reformas buscará limitar el acceso reiterado a beneficios judiciales como las condenas condicionales o la suspensión del juicio a prueba, con el objetivo de evitar que una misma persona acumule distintos beneficios tras cometer varios delitos.
El paquete también contempla modificaciones a la legislación de responsabilidad penal juvenil, en función de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, además de cambios en la normativa vial para incorporar nuevas herramientas tecnológicas en los controles de rutas y sectores considerados conflictivos.
En materia penitenciaria, el Ejecutivo pretende avanzar con una reforma para ordenar y garantizar el funcionamiento del trabajo intramuros, actividad que actualmente alcanza a una importante parte de la población carcelaria mendocina.
Entre las iniciativas también figura la intención de convertir en ley el mecanismo de intervención y demolición de búnkers vinculados al narcotráfico, además de incorporar sanciones específicas para los grupos de barrabravas que tomen colectivos o transportes públicos para trasladarse a eventos deportivos.
Desde el Gobierno provincial sostienen que el objetivo es modernizar las herramientas legales disponibles y fortalecer las políticas de seguridad mediante normas más ágiles y adaptadas a las nuevas modalidades del delito.
