JUSTICIA
El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral que plantea cambios profundos en la justicia laboral argentina. Entre los puntos más controvertidos, se prevé la disolución del Fuero Laboral Nacional y la creación de un nuevo fuero en la Ciudad de Buenos Aires, con jueces y fiscales alineados con la visión del Ejecutivo, que puedan avalar los retrocesos en derechos de los trabajadores.
La reforma incluye 213 artículos que modifican la legislación laboral vigente y afectan, entre otras cosas, la regulación del derecho a huelga y los salarios por enfermedad. La judicialización de los conflictos laborales se prevé como una consecuencia directa: al concentrar los juicios en un nuevo fuero porteño con apenas 10 jueces y 2 salas de apelación, se anticipa un cuello de botella que favorece la gestión del gobierno y de las empresas sobre los procesos.
El acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, firmado en febrero, establece que la nueva justicia laboral se hará cargo de los juicios que hoy tramita la Justicia Nacional, mientras que los juzgados nacionales se irán vaciando. Esto incluye la transferencia de competencias sobre negociaciones colectivas, medidas sindicales y pleitos que involucren al Estado.
Expertos advierten que este traslado podría ser ilegal, ya que implica modificar estructuras judiciales constituidas por concursos y nombramientos regulares, dejando fuera de la protección judicial a los trabajadores.
El trasfondo judicial también refuerza el proyecto: fallos recientes de la Corte Suprema, como el caso Levinas, establecieron precedentes que avalan retrocesos en derechos, lo que da al Gobierno un marco legal para avanzar en la reforma sin depender de la Justicia Nacional. La presidencia del TSJ porteño y la designación del fiscal general de la ciudad aseguran que el nuevo fuero estará controlado por funcionarios cercanos al Gobierno y al sector empresarial.
