CINCO FONDOS
El Gobierno de Javier Milei ha ordenado el cierre de cinco fondos fiduciarios clave para el desarrollo social y económico del país, generando fuertes críticas por su manejo de programas destinados a sectores vulnerables. La decisión, tomada a partir de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que señala “irregularidades” y “falta de control”, ha levantado polémica, especialmente en relación con el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, un programa cuya disolución podría afectar gravemente a quienes más lo necesitan.
¿Una justificación adecuada o una estrategia de ajuste?
El gobierno de Milei, a través del Decreto 1048/24, ha dispuesto el cierre del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, el PROINE, el PROICSA y el mencionado Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata. Según el Ministerio de Economía, la decisión se basa en la existencia de “debidades” en la gestión de estos fondos, como falta de procedimientos, demoras en rendiciones de cuentas y deficiencias en la administración de recursos.
Sin embargo, muchos críticos sostienen que este tipo de medidas no son más que un intento del presidente de ajustar el gasto público a costa de las políticas sociales, en lugar de buscar soluciones efectivas a los problemas de gestión que la administración de estos fondos pudiera tener. La eliminación de programas que asistían a víctimas de trata o respaldaban a emprendedores no parece ser la solución correcta para quienes dependen de estos recursos.
Víctimas de trata en peligro
Uno de los fondos más cuestionados es el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que había sido creado para brindar apoyo a las personas que sufren este flagelo. Las irregularidades en su gestión, como la falta de un manual de procedimientos formalizado y de un sistema de gestión informática adecuado, fueron citadas como razones para su cierre. No obstante, desde organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos se considera que esta disolución afectará gravemente a las víctimas de trata, quienes ahora se verán desprotegidas en un contexto ya crítico.
En un país donde la violencia de género y la trata de personas son problemas graves y crecientes, la eliminación de un fondo destinado a ofrecer asistencia directa a las víctimas podría interpretarse como una muestra de desinterés del gobierno por abordar estos problemas de manera efectiva.
Emprendedores y sectores estratégicos también afectados
El FONDCE, destinado a financiar emprendimientos, y el PROINE, creado para invertir en sectores estratégicos, también fueron disueltos en la misma medida. En tiempos de crisis económica, donde los emprendedores enfrentan dificultades para acceder a financiamiento, la desaparición de estos fondos es vista como una medida de escaso apoyo al sector productivo nacional.
El PROICSA, que tenía como objetivo mejorar la competitividad del sector azucarero del NOA, también fue cerrado a pesar de que el programa había estado inactivo desde 2020. Sin embargo, la falta de actividad en los últimos años no justifica, para muchos, el recorte de recursos que podría haber sido utilizado para revitalizar sectores económicos clave.
¿Una estrategia de ajuste sin considerar las consecuencias?
El enfoque del gobierno de Milei ha sido señalado como una estrategia de ajuste sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas de sus decisiones. El cierre de estos fondos no solo refleja una gestión deficiente, sino también una falta de prioridad por resolver los problemas estructurales del país, como la pobreza, el desempleo y la desigualdad.
Para muchos, esta medida es otro claro ejemplo de la política de recorte de fondos de un gobierno que prefiere reducir el gasto en sectores sociales clave en lugar de reformar la gestión interna y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
