INCERTIDUMBRE
Cuando faltan menos de dos semanas para que expire el plazo dado por ANSES a sus 12.262 empleados para aceptar la propuesta de retiro voluntario, las oficinas del organismo en todo el país entraron en un estado de deliberación interna y creciente incertidumbre. La medida constituye la primera fase de un plan de achicamiento del Estado, que según estimaciones gremiales podría derivar en hasta 2.500 desvinculaciones.
La hipótesis inicial, elaborada durante la gestión anterior, se apoyó en un relevamiento interno que identificó a unos 1.400 empleados en condiciones de jubilarse, junto con 300 contratados cuyos vínculos podrían no renovarse. Entre retiros forzosos y finalización de contratos, el número proyectado de salidas asciende a 1.700 trabajadores.
Sin embargo, dentro del organismo crece la percepción de que esta primera etapa será solo el inicio. La especulación interna apunta a que, una vez finalizado el período de adhesión a los retiros voluntarios, avanzarán los despidos y una reestructuración de áreas más profunda.
En el plano sindical, los trascendidos indican que en este corto lapso comenzaron a adherirse directores sin antigüedad y profesionales del interior, especialmente aquellos que combinaban su empleo en ANSES con actividades privadas. También aparecen como potenciales salientes quienes presentan altos niveles de ausentismo, en un contexto donde se anticipa una revisión exhaustiva de legajos.
Auditoría sobre el ausentismo
Uno de los factores que más inquietud genera es la posibilidad de una evaluación retroactiva de hasta 10 o 15 años de antigüedad laboral. Según versiones internas, con la reciente reforma laboral ya sancionada, se analizarían en detalle las tasas de ausentismo, incluyendo el uso de licencias médicas, con el objetivo de avanzar en despidos directos.
En la mira también estarían los empleados incorporados para gestionar prestaciones hoy eliminadas, como la jubilación por moratoria de aportes, que implicaba una amplia red de atención al público en todo el país. Tras la eliminación de ese régimen excepcional, muchas de esas áreas quedaron virtualmente inactivas.
El temor dominante entre los trabajadores es la posibilidad de ser enviados a pases a disponibilidad, lo que implicaría su reasignación a otras dependencias estatales, o bien enfrentar un despido directo.
Presión salarial y retiro incentivado
A este escenario se suma el congelamiento salarial vigente desde octubre de 2024 y la falta de convocatoria a la paritaria propia de ANSES, lo que profundiza la presión económica sobre los empleados. En ese marco, la oferta de retiro voluntario busca resultar atractiva mediante el pago de indemnizaciones superiores a los $100 millones, abonadas en dos cuotas.
No obstante, quienes analizaron en detalle la propuesta advierten que la misma contempla una tasa de sustitución del 60% y no reconoce los años que superen el tope de 24 años de antigüedad, lo que reduce significativamente su atractivo.
Señales de una reforma previsional
En paralelo, se consolida entre los trabajadores la percepción de que este proceso forma parte de una antesala hacia una reforma previsional más amplia, que redefiniría el funcionamiento del sistema.
Uno de los puntos sensibles involucra a personas de entre 65 y 70 años que realizaron aportes, pero no alcanzan los 30 años requeridos por ley. En esos casos, y aun contando con más de 10 años de aportes, no califican para la prestación por edad avanzada (Ley 24.241), que exige haber cumplido los 70 años.
Ante esa situación, la única alternativa disponible es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio sin aportes que equivale al 80% de la jubilación mínima, lo que refuerza el debate sobre la sostenibilidad y el alcance del sistema previsional.
En este contexto, ANSES transita semanas decisivas, con un clima interno marcado por la incertidumbre, la presión económica y la expectativa de cambios estructurales que podrían redefinir el mapa del empleo público en el organismo.
