La muerte de Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta y destacado dirigente opositor venezolano, generó un fuerte impacto político este sábado tras confirmarse que falleció mientras permanecía detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, en Caracas, según informó su familia.
Tanto sus deudos como diversas organizaciones que realizan el seguimiento de la situación de los detenidos en Venezuela se hicieron eco de la noticia, difundida por distintos medios.
Los allegados de Díaz fueron notificados en las primeras horas de la tarde, aunque aún se espera un parte oficial que detalle las causas del fallecimiento. Su esposa, Leynys Malavé, señaló que no recibió documentación médica ni tuvo acceso al cuerpo, por lo que exigió explicaciones formales a las autoridades.

El exgobernador había sido detenido en noviembre de 2024 y estaba bajo proceso judicial desde entonces. Según organizaciones de derechos humanos, durante su reclusión enfrentó acceso restringido a visitas y comunicaciones, mientras su defensa aseguraba haber solicitado evaluaciones médicas en múltiples oportunidades.
Tras conocerse el hecho, diversas ONG y dirigentes políticos reclamaron esclarecer las circunstancias del fallecimiento y pidieron que se publique toda la información médica y judicial que permita reconstruir lo sucedido en las horas previas a la notificación.
En paralelo, distintos organismos solicitaron que el caso sea investigado por instancias independientes para determinar eventuales responsabilidades y verificar si se cumplieron los protocolos de resguardo dentro del centro de detención.
El fallecimiento de Díaz ocurre a pocas horas de que se cumpla un nuevo aniversario de la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo, cuya familia reclama insistentemente por su libertad.

