Gobierno
Los representantes de una amplia gama de gremios estatales de Mendoza han llegado a un consenso con el Gobierno provincial respecto a un nuevo acuerdo salarial. Este viernes 16, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJYC) se convirtieron en los primeros en aceptar la propuesta gubernamental, la cual incluye mejoras significativas en las remuneraciones de sus afiliados. 
La propuesta aceptada establece el pago de una suma fija de $90.000 para febrero, caracterizada por ser no remunerativa y no bonificable. A esto se suma un incremento del 15% en el mismo mes y otro 15% adicional en marzo, configurando un ajuste considerable en el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y el contexto económico actual.
La decisión no solo abarcó a los miembros del SUTE y del IPJYC, sino que también incluyó a los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Tesorería, Contaduría, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Subsecretaría de Trabajo, EPAS, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, así como a los agentes nucleados en ATE de los regímenes 5 (Administración Central), 15 (personal de la Salud), 35 (del área de Ambiente), Guardaparques, régimen 13 (Parques) y AMPROS. 
Mariana Lima, directora de Política Salarial y Análisis del Recurso Humano, expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados, destacando que "Hemos arribado a diferentes acuerdos con los distintos gremios, quienes aceptaron una de las dos propuestas que formuló el Gobierno. Sumamos así 16 acuerdos con el Gobierno provincial”. Este consenso es resultado de un proceso de diálogo y negociación que refleja el compromiso de ambas partes por garantizar condiciones laborales justas y equitativas.
Además, se ha reafirmado la continuidad de la cláusula de garantía, asegurando así una nueva reunión paritaria programada para el próximo 3 de abril. Este mecanismo de seguimiento y ajuste garantiza que los acuerdos se mantengan actualizados frente a los cambios en el contexto económico y social. 
Este conjunto de acuerdos representa un avance significativo en la política salarial de Mendoza, demostrando la capacidad de diálogo y consenso entre el Gobierno y los representantes laborales. A su vez, establece un precedente importante para futuras negociaciones, asegurando el bienestar y la estabilidad de los trabajadores estatales de la provincia.
