POLÉMICA
El otorgamiento de créditos por más de $2.500 millones por parte del Banco Nación a al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al presidente Javier Milei quedó bajo la lupa luego de que se difundieran datos provenientes de registros oficiales del sistema financiero.
La información surge de la Central de Deudores del Banco Central y fue relevada en los últimos días por distintos medios nacionales. La mayoría de los préstamos corresponde a créditos hipotecarios otorgados bajo condiciones preferenciales para empleados del sector público, lo que generó cuestionamientos políticos y derivó en un pedido de informes en el Congreso.
Los nombres que figuran en el listado
Según el relevamiento difundido, los montos más elevados se concentran en funcionarios del área económica. Entre los casos que aparecen mencionados figura Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con un crédito cercano a los $510 millones. También se menciona al secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien habría accedido a un préstamo de aproximadamente $367 millones.
En la misma lista aparece Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con montos que distintas publicaciones ubican entre los $370 y $475 millones.
El listado incluye además a Emiliano Mongilardi, director de YPF, con un crédito que rondaría los $300 millones, y a Juan Pablo Carreira, integrante del equipo de comunicación presidencial, con un préstamo cercano a los $112 millones.
En el plano legislativo, también se menciona a diputados alineados con el oficialismo, como Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero, Lorena Villaverde y Santiago Santurio, con créditos que en algunos casos se ubicarían entre los $230 y $340 millones.
Qué tipo de préstamos se otorgaron
De acuerdo a lo publicado, los préstamos corresponden principalmente a líneas hipotecarias del Banco Nación, con tasas cercanas al 6% anual para empleados estatales y con financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad.
Si bien se trata de programas que no serían exclusivos para funcionarios, el hecho de que varios beneficiarios ocupen actualmente cargos en el Gobierno o en el Congreso alimentó el debate político y abrió interrogantes sobre el acceso y la distribución de estos créditos.
Desde el Banco Nación sostuvieron que se trata de un sistema estandarizado y que las líneas crediticias fueron utilizadas por miles de personas, sin que existan beneficios especiales vinculados a cargos públicos.
Pedido de informes y debate político
Tras la difusión del listado, sectores de la oposición cuestionaron la concentración de montos elevados en funcionarios en actividad. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle cómo se otorgaron los préstamos y bajo qué criterios.
Por el momento, no se registran denuncias judiciales que prueben irregularidades, pero la controversia sigue creciendo y mantiene abierta una discusión clave: si los créditos fueron otorgados en igualdad de condiciones o si existieron ventajas vinculadas al poder político.
