SISTEMA PENITENCIARIO
Un proyecto legislativo presentado en el Senado de Mendoza propone implementar el uso obligatorio de uniformes para las personas privadas de libertad en todas las cárceles, alcaidías y centros de detención de la provincia. La iniciativa fue impulsada por el senador Martín Rostand, del espacio La Unión Mendocina.
La propuesta apunta a que los internos de alta visibilidad o alto perfil utilicen una vestimenta fácilmente identificable dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios. Según el texto, el objetivo es reforzar los controles de seguridad y dificultar eventuales fugas.
El proyecto establece que la indumentaria estaría compuesta por un mameluco de una sola pieza de color naranja o similar, confeccionado con materiales resistentes y acompañado por calzado especial sin cordones ni piezas metálicas. Este tipo de uniforme, similar al utilizado en algunos sistemas penitenciarios internacionales, permitiría detectar rápidamente a un detenido fuera del lugar de encierro.
Entre los fundamentos de la iniciativa se menciona que el uso de ropa civil dentro de las unidades penitenciarias puede facilitar intentos de evasión, ya que permite a los presos confundirse con otras personas en situaciones de traslado o en centros de salud. También se citan recientes episodios de fugas ocurridos en la provincia.
El proyecto incluye además un aspecto particular: los propios internos deberían afrontar el costo del uniforme, aunque el valor sería fijado por el Estado en base al costo de producción o compra mayorista. Mientras tanto, las prendas personales de los detenidos quedarían inventariadas y bajo custodia del servicio penitenciario hasta el momento de su liberación.
De aprobarse la norma, el Poder Ejecutivo tendría 90 días para implementar el sistema en todo el territorio provincial, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad.
