Reforma laboral: los cambios que propone el Gobierno y el riesgo en el mercado de trabajo
El debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei continúa generando interrogantes entre especialistas y trabajadores. Aunque aún no hay un texto oficial, un borrador elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado anticipa modificaciones profundas en el sistema socio-laboral argentino.
Según declaraciones del ministro de Defensa y diputado electo Luis Petri, la iniciativa busca una “modernización” del empleo y no implicaría pérdida de derechos adquiridos, que seguirán rigiendo para los seis millones de trabajadores bajo la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. El foco, dijo, estará en los más de ocho millones de personas que hoy se encuentran en situación de precariedad laboral.
Sin embargo, abogados y especialistas advierten que el impacto podría extenderse más allá de los nuevos contratos. El laboralista Ernesto Zas explicó que las leyes laborales establecen pisos mínimos de derechos que integran el patrimonio jurídico de cada trabajador. Si una persona pierde su empleo formal y accede a otro bajo las nuevas normas, pasaría a regirse por ellas, generando coexistencia de empleados bajo distintos regímenes dentro de una misma empresa.
Ese escenario podría derivar en diferencias salariales y condiciones dispares, afectando el principio de igual remuneración por igual trabajo. A ello se suma la posibilidad de que los convenios colectivos de empresa prevalezcan sobre los de actividad, lo que también modificaría la estructura de representación sindical.
El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, señaló que, aunque las normas no son retroactivas, una reforma laboral de amplio alcance terminaría aplicándose a la mayoría de los trabajadores. Además, advirtió que las nuevas reglas podrían ser cuestionadas judicialmente en casos individuales o gremiales, lo que pondría la futura legislación bajo revisión.
El riesgo de coexistencia entre empleados con distintos marcos legales y la eventual pérdida de beneficios anteriores son los principales puntos de atención. Para Zas, el proyecto implicaría un “cambio de paradigma” en el sistema laboral argentino, más allá de una simple flexibilización.
El Gobierno, por su parte, asegura que la intención es otorgar mayor autonomía a los actores sociales para definir horarios y condiciones mediante acuerdos directos. No obstante, desde los gremios como la CGT y la ATE ya anticiparon su oposición, mientras se prepara un paro nacional en rechazo a los posibles cambios.
En paralelo, el Consejo de Mayo continúa recibiendo propuestas y ajustes para la versión final del texto, que deberá ser debatido en el Congreso antes de su eventual aprobación.