EUFORIA OFICIAL
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo judicial con un fallo clave de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que resolvió que la causa presentada por la CGT deberá tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. La decisión representa un nuevo revés para la estrategia judicial de la central obrera.
El fallo, que coincidió con la postura de la Casa Rosada, fue firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV. Según fuentes judiciales, el conflicto se originó a partir de una disputa de competencia entre distintos tribunales.
En ese contexto, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se había declarado competente para intervenir en la causa, mientras que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó esa decisión y ordenó remitir el expediente a la órbita laboral, generando un conflicto que finalmente debió ser resuelto por la Cámara.
Al intervenir, el tribunal determinó que corresponde que el expediente continúe en el fuero contencioso administrativo federal, en línea con lo establecido por la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En su resolución, además, cuestionó el procedimiento adoptado por el juzgado laboral por apartarse de los mecanismos previstos y afectar la celeridad del proceso.
Los camaristas sostuvieron que el caso vinculado a la reforma laboral involucra aspectos de carácter federal, como la validez de una norma sancionada por el Congreso y la definición de competencias judiciales, lo que excede el ámbito del derecho laboral y justifica su tratamiento en el fuero contencioso administrativo.
Para la CGT, el fallo representa un escenario adverso, ya que consideran que el fuero contencioso administrativo podría resultar más favorable a la gestión de Javier Milei y avalar la vigencia de la normativa cuestionada mediante una cautelar por inconstitucionalidad.
No obstante, tanto el Gobierno como la central obrera coinciden en que el recorrido judicial de la reforma laboral continuará escalando instancias hasta llegar a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de la medida.
