Manifestaciones
En una jornada marcada por la incertidumbre laboral, trabajadores despedidos de la administración pública llevaron a cabo diversas manifestaciones para expresar su rechazo al decreto N°84/2023, que establece la no renovación de contrataciones realizadas durante el año 2023, limitando la extensión de nuevos contratos a un periodo máximo de 90 días corridos. En Mendoza se dieron de baja alrededor de 100 contratos.
Las protestas se desarrollaron con asambleas, ruidazos y acciones de visibilización frente a distintas dependencias estatales afectadas, como el ministerio de Economía y las secretarías de Desarrollo Territorial y Hábitat y Trabajo. Pablo Almeida, delegado de ATE, detalló que más de 70 trabajadores fueron cesanteados en el ministerio de Economía, generando un clima de incertidumbre y malestar.
"La presión ejercida mediante asambleas y ruidazos logró que el gobierno revisara la situación de unos 30 compañeros inicialmente despedidos", destacó Almeida, quien expresó la preocupación sobre la congelación salarial en un contexto inflacionario y la temporalidad de los nuevos contratos.
En la secretaría de Trabajo, dependiente del ministerio de Capital Humano, se declaró el estado de alerta y movilización permanente, y se realizó una masiva asamblea. Según ATE, aproximadamente 120 trabajadores fueron afectados en este organismo.
José Luis Farias, secretario adjunto de ATE Trabajo, enfatizó la necesidad de revisar los despidos y anunció un recorrido por todas las dependencias para solicitar audiencias y buscar soluciones. Ante la magnitud de los despidos, se anticipó la participación en el paro general nacional convocado por la CGT el 24 de enero.
Estos despidos también impactaron en la Ciudad de Buenos Aires, afectando al Instituto de Vivienda y al área de Desarrollo Humano y Hábitat. La incertidumbre y la protesta sindical reflejan el malestar de los trabajadores ante las medidas adoptadas por el gobierno, marcando el inicio de un periodo de tensiones en el ámbito laboral del sector público.
