CRÍTICAS

Tres cámaras empresarias clave rechazan algunos artículos de la reforma laboral de Milei

CAC, CAME y Adimra le comunicaron a senadores y gobernadores que cinco artículos del proyecto generan “inseguridad jurídica” y afectan la representatividad patronal y sindical.

Al menos tres cámaras patronales manifestaron su rechazo al proyecto de reforma laboral enviado al Congreso por el Gobierno de Javier Milei. Se trata de la Cámara de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la mayor organización de fábricas metalúrgicas, Adimra.

Estas entidades enviaron distintas notas a senadores y gobernadores objetando cinco artículos del proyecto, los cuales consideran que podrían generar conflictividad jurídica y social, además de afectar la estabilidad del mercado laboral. Las principales preocupaciones están vinculadas a la vigencia de las cláusulas obligacionales y a la modificación del orden de importancia de las negociaciones colectivas.

El artículo 126 elimina la vigencia de las cláusulas obligacionales, aportes que financian actividades gremiales, mientras que el artículo 128 establece que los aportes especiales previstos en los convenios colectivos serán estrictamente voluntarios para los empleadores, lo que implica cambios significativos en la financiación de cámaras y asociaciones.

Por su parte, los artículos 130 y 131 modifican la jerarquía entre convenios colectivos, dando prioridad a los acuerdos de menor nivel por encima de los de mayor alcance. Esto altera la organización tradicional de la negociación colectiva y podría generar diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas.

Finalmente, el artículo 132 faculta a la autoridad administrativa a convocar renegociaciones de convenios vencidos y a suspender efectos de homologación, lo que otorga mayor discrecionalidad al Estado y podría impactar en la autonomía colectiva de empleadores y trabajadores.

En conjunto, las tres entidades representan aproximadamente 1,5 millones de trabajadores y medio millón de comercios y fábricas, por lo que su rechazo constituye un desafío importante para la aprobación del proyecto oficial.