El gobernador Alfredo Cornejo ha logrado colocar a nueve de sus designados en cargos vitalicios dentro de la estructura provincial, y pronto serán diez con la incorporación de Andrea Molina como vocal del Tribunal de Cuentas. Estas posiciones clave abarcan tribunales y organismos de control, asegurando la influencia del gobernador en la provincia incluso después de su gestión.
El Tribunal de Cuentas refleja con claridad esta estrategia: de sus cinco integrantes, tres fueron propuestos por Cornejo, y la llegada de Molina completará un bloque netamente cornejista. En la Corte, la Procuraduría y la Contaduría General, otros funcionarios designados durante sus mandatos mantienen el control de cargos estratégicos “inamovibles mientras dure su buena conducta”.

Desde su primera gestión, Cornejo aprovechó jubilaciones y vacantes para ubicar a personas de su confianza, incluyendo ministros de la Corte, vocales del Tribunal de Cuentas y asesores clave. Entre ellos se destacan Alejandro Gullé como Procurador General, José Valerio en la Suprema Corte, Liliana Muñoz de Lázaro y Dalmiro Garay en el Tribunal de Cuentas, y Paula Allasino en la Contaduría General.

El gobernador ha combinado estrategia política y recambio generacional para consolidar una red institucional que asegura presencia y decisión en los órganos clave del Estado provincial, consolidando un legado que prolonga su influencia más allá de su mandato.
