Revés judicial
Este martes, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) dio despacho favorable a la suspensión de Janina Ortiz y la medida será votada en el recinto este miércoles. A la exfuncionaria lasherina ya se le habían retirado los fueros en el 2023, para que la Justicia pudiera avanzar en dos investigaciones en su contra por presunta corrupción.
En la reunión hubo nueve votos a favor de que se trate la mencionada suspensión, incluyendo siete del bloque Cambia Mendoza, uno del Partido Verde y otro del Justicialismo. Además, hubo dos abstenciones y dos votos en contra.
Por su parte, la diputada de La Unión Mendocina (LAUM) se presentó en el lugar para dar su versión ante sus pares y lanzó fuertes declaraciones. El peor escenario es que la den de baja de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución provincial con suspensión de dieta.
“Tengo que resolver mi situación en la Justicia, no acá”, afirmó Ortiz. "Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario con una condena firme. ¿De qué me tengo que defender acá, si yo hoy ante la Justicia no tengo sentencia? Soy la única persona que tiene que demostrar que es inocente de algo sobre lo cual no ha sido juzgada. Y me están hostigando permanentemente con los medios y con pedidos de informes".
La posible suspensión
Días atrás, la Cámara Baja solicitó a la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos y a la Fiscalía N° 28 de Instrucción que informaran de las actuaciones que se encuentren “en dichos obrados a partir del pedido de desafuero allí recaído”. El pedido estuvo acompañado por la firma de todos los diputados.
Tras recibir la información requerida, se decidió convocar a la legisladora “para escucharla” y que "ejerza su derecho a defensa".
Por su parte, la postura de Cambia Mendoza es pedir la suspensión de Ortiz hasta que se aclare su situación judicial, ya que a pesar de estar sin fueros aún continúa en funciones.
Las causas contra Janina Ortiz
Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 7, y Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción N° 32, investigan a Ortiz por los delitos de fraude a la administración pública y por coacciones, respectivamente.
El primer caso está vinculado a la causa conocida como cooperativa fantasma, donde se investiga el supuesto desvío de $35 millones. D'Amore apunta al presunto direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas para favorecer a la cooperativa de trabajo “Manos a la Obra”, que debía realizar tareas de limpieza y mantenimiento en calles, plazas y espacios públicos de Las Heras.
Por su parte, Atur investiga a Ortiz por el delito de coacción. Esta causa surge luego de que una empleada de Ortiz denunció que fue obligada a grabar una conversación y mantener relaciones sexuales con Osvaldo Oyhenart, exfuncionario que respondía políticamente a la actual diputada provincial.
