INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió que 30.000 de los 40.000 kilómetros de la red vial argentina necesitan mantenimiento urgente, con un 65% a 70% de los tramos en condiciones “entre regular y malas”. Según la entidad, esta situación compromete la seguridad vial, la transitabilidad y el funcionamiento general del sistema de transporte en todo el país.
El secretario gremial de la Federación, Fabián Catanzaro, expresó una “profunda preocupación” por el estado de “parálisis y vaciamiento” que atraviesa Vialidad Nacional, como consecuencia de la política gubernamental de “obra pública cero”. En declaraciones a Splendid AM 990, aseguró que, aunque se evitó la disolución del organismo, el “vaciamiento continúa” y la infraestructura está en un estado de emergencia que también afecta a los salarios y condiciones laborales del personal.
Críticas al sistema de concesiones
El gremio cuestionó el esquema de concesiones viales impulsado en la segunda etapa de la privatización de rutas. Catanzaro sostuvo que se trata de un “negocio financiero” para empresas que, pese a ser licitadas como inversión privada, reciben financiamiento subvencionado del Estado a través del Banco BICE, con una tasa preferencial del 2% y dos años de gracia para comenzar a devolver los préstamos.
Según el dirigente, firmas que operan corredores como la Ruta 14 y la Ruta 12, conocidas como la “ruta del Mercosur”, no realizarán más que “bacheos o dos repavimentaciones en 20 años”, un escenario que no mejoraría la calidad de la infraestructura.
Impacto en el personal y riesgo de mayores costos
Catanzaro denunció además una congelación salarial impuesta por un año y la implementación de un protocolo disciplinario que “quita el derecho de defensa”, generando una “forma expulsiva” que provocó la baja del 20% del personal entre renuncias, jubilaciones y despidos. Como consecuencia, señaló que el organismo está perdiendo a sus recursos más calificados.
El dirigente advirtió que la “paralización política” de la obra pública deteriora no solo las rutas, sino también la posibilidad de que Vialidad demuestre que puede ejecutar trabajos a costos más bajos. Alertó, además, que la falta de mantenimiento generará un “cuello de botella” difícil de revertir, ya que rehabilitar una ruta abandonada puede costar entre tres y cinco veces más que su conservación periódica.
Reclamos de provincias y rutas más críticas
La situación generó inquietud en distintos niveles de gobierno. Catanzaro confirmó que mantienen contacto con gobernadores e intendentes que reclaman la reanudación de obras paralizadas y mejores condiciones de circulación. Recordó que existe una obligación legal de mantener la infraestructura vigente y que en diversos puntos del país se han presentado amparos que suelen fallar a favor del reclamante.
Entre los corredores más afectados, mencionó la Ruta 151 en La Pampa; la Ruta 3 al sur de Bahía Blanca; la Ruta 23 en la Patagonia; las Rutas 9 y 34 en el NOA; y las Rutas 7 y 8 fuera del conurbano bonaerense, todas en condiciones particularmente críticas dentro de un panorama que definió como generalizado y alarmante.
