RUTAS NACIONALES
La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti presentó este lunes una denuncia penal ante la Justicia Federal de Mendoza contra el gobernador Alfredo Cornejo, en rechazo al convenio que firmó la provincia con Vialidad Nacional, y que transfiere a Mendoza la responsabilidad de mantener con fondos propios rutas nacionales.
Desde la Legislatura, la dirigente de Unión por la Patria denunció la existencia de posibles delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, y cuestionó duramente el traspaso de competencias que —según subrayó— viola principios constitucionales y compromete los recursos provinciales sin justificación.
“La política debe estar al servicio del control y la defensa de los intereses de los mendocinos. No podemos permitir que el gobierno provincial asuma obligaciones que son exclusivas de la Nación y las financie con fondos que deben destinarse a obras estratégicas para el desarrollo local”, expresó Fernández Sagasti.
La senadora detalló que los mendocinos terminarán pagando tres veces por obras viales nacionales: a través de impuestos nacionales como el IVA y el impuesto al combustible; mediante el uso de recursos del Fondo de Portezuelo del Viento, originalmente previsto para proyectos productivos y energéticos; y con la implementación de nuevos peajes que recaerán nuevamente sobre los usuarios locales.
También apuntó al silencio cómplice del oficialismo mendocino ante los recortes del gobierno nacional en materia de infraestructura.
“Ni siquiera dieron quórum cuando se discutió la coparticipación del impuesto a los combustibles. Esa pasividad tiene un costo y lo están pagando todos los ciudadanos”, advirtió.
Durante su intervención, Fernández Sagasti insistió en que no se opone a las obras viales, sino a la forma en que se financian:
“Las rutas deben arreglarse, pero con fondos nacionales, como marca la ley. Lo contrario es cargar sobre las espaldas de los mendocinos lo que debe cubrir el gobierno nacional”.
Finalmente, sostuvo que la denuncia busca poner freno al uso arbitrario de los recursos públicos y marcar un límite institucional frente a una gestión que, según advirtió, se encuentra en un momento de agotamiento político y decisiones desesperadas.
“Estamos ante un fin de ciclo, y lo que vemos son maniobras que comprometen el futuro de Mendoza. Nuestra obligación es actuar desde las instituciones y evitar que el patrimonio de la provincia se siga entregando sin rendición de cuentas”, concluyó la senadora.
