RESPONSABILIDAD MUNICIPAL
La Cámara de Diputados dio este miércoles sanción definitiva a la reforma de la Ley 7.874 de Arbolado Público, que ya contaba con media sanción del Senado, y quedó así aprobado un nuevo esquema de gestión descentralizada que otorga mayor autonomía a los municipios.
La iniciativa fue aprobada por 33 votos a favor y 9 en contra y plantea una reorganización de las competencias sobre el arbolado público, ratificando la jurisdicción municipal en calles, plazas y espacios de dominio local, aunque bajo lineamientos ambientales definidos por la Provincia.
Entre los principales cambios, la normativa establece que cada municipio deberá presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años, acompañado de informes anuales, con el objetivo de adaptar la gestión a los desafíos climáticos y a las características de cada oasis provincial.
Además, incorpora la transición hacia el policultivo, fomentando la utilización de diversas especies para prevenir el impacto de plagas masivas, como las que afectaron históricamente al olmo en Mendoza. También promueve criterios de eficiencia hídrica y la aplicación de poda mínima, orientados a reducir residuos, optimizar recursos y mejorar el rendimiento de la sombra urbana.
La Secretaría de Ambiente tendrá el poder policía para sancionar
La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, en jurisdicciones provinciales y nacionales, mientras que cada municipio deberá designar su propia estructura para la implementación y control. La ley también impulsa programas de educación ambiental, concientización y participación ciudadana, además de la articulación con sectores productivos.
En paralelo, la reforma introduce modificaciones en la Ley Orgánica de Municipalidades, estableciendo que los municipios podrán asignar nombres a calles y espacios públicos, pero no modificar denominaciones históricas o fijadas por ley provincial sin autorización legislativa.
Durante el debate, la diputada Evelin Pérez (UCR) defendió la iniciativa al señalar que responde a un reclamo sostenido de los municipios y que busca reducir la burocracia que dificultaba intervenciones en tareas de mantenimiento, poda y situaciones de emergencia. En esa línea, sostuvo que la reforma permitirá actuar con mayor rapidez ante contingencias como el viento Zonda.
Desde el oficialismo también se remarcó que la ley incorpora herramientas de gestión, mejora la asignación de competencias y agiliza los procesos administrativos, con el objetivo de dar respuestas más rápidas a nivel local.
Sin embargo, el proyecto recibió cuestionamientos desde la oposición. La diputada Valentina Morán (PJ) advirtió que un cambio normativo no resolverá problemas estructurales de gestión, y señaló que la falta de financiamiento podría profundizar el deterioro del arbolado público, especialmente en un esquema más fragmentado.
En el mismo sentido, Juan Pablo Gulino consideró que la iniciativa no generará cambios sustanciales, al afirmar que en la práctica los municipios ya asumen gran parte del mantenimiento. Por su parte, Emanuel Fugazzotto (PV) planteó dudas sobre la capacidad de algunas comunas para afrontar nuevas responsabilidades sin los recursos necesarios, y advirtió sobre posibles dificultades de coordinación.
Aun así, hubo acompañamientos con matices. La diputada Jimena Cogo (PRO) respaldó el proyecto, aunque marcó la existencia de zonas grises en la distribución de competencias y planteó la necesidad de avanzar en el debate por la autonomía municipal. En tanto, Rolando Scanio (LUM) destacó la importancia de avanzar en una problemática estructural y mejorar los tiempos de respuesta.
Por último, Miguel Ronco puso el foco en la necesidad de fortalecer la planificación, incorporar recursos específicos y garantizar la reposición del arbolado, subrayando que antes de erradicar un ejemplar debe preverse su reemplazo.
