MÁS SEGURIDAD
La Policía de Mendoza avanza en la implementación y modernización de los Dispositivos Electrónicos de Control (DEC), comúnmente conocidos como pistolas Taser, con la compra de esta tecnología y la ampliación de su uso a todas las unidades operativas de la fuerza.
En relación con la adquisición realizada, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, señaló que se trata de “la compra más grande en la historia de a provincia”. Agregó que “son 130 unidades de última generación, que serán incorporadas progresivamente y bajo estrictas capacitaciones que deberán realizar para poder portarlas”.
Mediante el Decreto 2155, publicado en el Boletín Oficial, se aprobó un instructivo oficial que establece el protocolo de implementación y la capacitación obligatoria, la cual será incorporada al Plan Anual de Formación Obligatoria de la Policía. Esto implica que el uso de las Taser, hasta ahora restringido a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) integradas por Grupo Especial de Seguridad (GES) y Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), quedará habilitado para todo el personal policial que cumpla con la formación correspondiente.
Características técnicas y operativas
Se incorporarán las Taser 7, que “presentan mejoras tecnológicas que las diferencian notablemente de los dispositivos actuales. A diferencia de los 18 dispositivos Taser con los que cuenta la fuerza policial, que disparan un solo cartucho por vez y no permiten advertencias previas, estas nuevas pistolas pueden almacenar dos cartuchos simultáneamente —uno de corto alcance y otro de largo alcance—, lo que facilita procedimientos escalonados de advertencia y control”, informaron desde el Gobierno.
Además, cuentan con sistemas disuasivos sonoros y visuales para evitar la necesidad de uso de la descarga eléctrica. En cuanto a sus especificaciones, emiten una corriente entre 1,2 y 1,5 miliamperios y una descarga efectiva de 5 segundos para inmovilización neuromuscular. La descarga inicial del cartucho puede alcanzar 50.000 voltios. La gran mayoría de esa energía es utilizada para la activación de la carga de nitrógeno inerte comprimido que expulsa las sondas. La tensión que finalmente entrega a la zona corporal es de solamente 1.000 a 2.000 voltios.
Protocolo estricto para garantizar seguridad y derechos
El instructivo establece criterios claros de aplicación, orientados a que el uso de estos dispositivos se ajuste a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, respetando los estándares vigentes en materia de derechos humanos y seguridad pública.
Se prohíbe disparar hacia la cabeza, cuello, rostro, entrepierna o torso superior, y se recomienda apuntar hacia áreas de mayor masa muscular. Además, solo puede operar estos dispositivos personal con al menos dos años de antigüedad en la Policía, o tres años en el caso de civiles que trabajen como preventores o en vigiladores privados, y deben estar certificados y habilitados por el ministerio.
Cada intervención debe ser documentada en detalle, consignando fecha, hora, lugar, circunstancias y resultados, y en situaciones críticas, se debe elaborar un informe técnico dirigido al magistrado correspondiente. El protocolo establece responsabilidades administrativas para las entidades que adquieran los dispositivos y responsabilidades operativas directas para quienes los utilicen y sus superiores.
