En el inicio de la etapa de alegatos, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner solicitaron 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusándolos como coautores del intento de asesinato ocurrido en septiembre de 2022 frente al domicilio de la expresidenta. La querella consideró que el ataque fue un caso de homicidio doblemente agravado en grado de tentativa.
Los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, representantes de la querella, fundamentaron el pedido de pena en los registros fílmicos, pruebas químicas, y testimonios directos. Aseguraron que está plenamente comprobado que Sabag Montiel accionó el arma a pocos centímetros del rostro de la exmandataria, y señalaron que Uliarte no fue solo una instigadora, sino una partícipe activa del ataque.

Por otro lado, decidieron no acusar a Nicolás Carrizo, inicialmente señalado como miembro del grupo “Los Copitos”, por entender que no existen pruebas contundentes que lo vinculen directamente al hecho. Aldazábal citó a Cristina Kirchner al justificar esta decisión: “No uso el derecho penal para vengarme. Si no hay elementos, no se debe acusar”, afirmó.
Durante su intervención, Ubeira apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti por limitar la investigación sobre posibles autores intelectuales. “Los que están aquí son los evidentes. Lo que falta es lo que no nos dejaron ver”, expresó. También cargó contra el manejo judicial de la 'pista Milman', señalando que hubo falta de acción ante los elementos aportados.

Otro de los focos de la crítica fue la pérdida de información contenida en los celulares de los imputados. Ubeira calificó como “inadmisible” que en un caso de esta magnitud, los principales dispositivos electrónicos estén “todos destruidos”, y cuestionó el accionar de los peritos y la falta de garantías institucionales en el proceso.
Finalmente, la querella enmarcó el atentado dentro de un clima de violencia política y simbólica, sostenido por discursos de odio que, según afirmaron, “se convierten en violencia material”. Ubeira advirtió que los acusados no pueden ser vistos como actores aislados, sino como producto de un contexto cultural, mediático y judicial que alimentó el ataque.



