POLÉMICO PROYECTO
El plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, Economía, Ambiente y Derechos y Garantías emitió por mayoría un despacho favorable a los proyectos de Regalías Mineras, Fondo de Compensación Ambiental y a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) de PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II.
La votación se dio en un contexto de gran rechazo social, donde los proyectos mineros continúan siendo cuestionados por un amplio sector de mendocinos y mendocinas.
La Asamblea por el Agua, junto a más de una decena de grupos socioambientales, llamó a concentrar este miércoles a las 9:30 en la Legislatura. Los colectivos remarcaron su rechazo a la expansión minera y advirtieron que “LA MEGAMINERÍA NO ES PROGRESO, ES SAQUEO”.
Alerta técnica de la UNCuyo sobre San Jorge
En paralelo al clima de protesta, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) hace meses emitió advertencias sobre el proyecto San Jorge / PSJ Cobre Mendocino. Según un informe de la Facultad de Ciencias Médicas, el plan contempla el uso de sustancias químicas (como xantatos y poliacrilamidas) consideradas de “efecto perjudicial para la salud humana y el ambiente”, por lo que recomienda evaluar alternativas más seguras.
Por otro lado, un dictamen técnico de la a Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo detalló que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presenta al menos 26 incumplimientos graves, vinculados a aspectos como recursos hídricos, biodiversidad, salud pública, monitoreo post-cierre, tratamiento de residuos, y participación ciudadana.
Detalle del paquete oficial aprobado en comisiones
En lo que respecta al proyecto de Regalías Mineras, la iniciativa busca adecuar el esquema provincial a la Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras, que establece un tope del 3% sobre el valor “boca mina”. Según el Ejecutivo, la actualización normativa apunta a dotar de “mayor claridad, trazabilidad y control al sistema de percepción y distribución de recursos”. El texto prevé que el 88% de los fondos ingrese a Rentas Generales, con la obligación de que el 15% de ese monto se destine al Fondo de Desarrollo Socioambiental, orientado a reforzar controles, monitoreos participativos, transparencia y el funcionamiento de la Policía Ambiental Minera. El 12% restante se distribuirá entre los municipios donde se realicen las actividades extractivas, siempre que adhieran al régimen.
Por otra parte, la creación del Fondo de Compensación Ambiental establecería “un mecanismo para responder ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas”. Según el proyecto, este instrumento será financiado con multas, tributos ambientales, indemnizaciones, aportes vinculados a las DIAs, donaciones, créditos y recuperos legales. A su vez, "los recursos podrían utilizarse para restauración ecológica, mitigación de impactos, obras de recomposición, y atención de emergencias ambientales cuando los responsables no estén determinados o no cuenten con solvencia económica.”
