CUENTA REGRESIVA
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió no habilitar el acceso a la Corte Suprema de Justicia en la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez, al declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por la querella. De esta manera, quedó ratificada la competencia del juez Daniel Rafecas, quien continuará al frente del expediente.
La decisión del máximo tribunal penal federal consolidó el criterio adoptado previamente, luego de que la causa fuera retirada de la órbita del juez Julián Ercolini, apartado tras una recusación impulsada por la defensa del ex mandatario. En ese planteo, Alberto Fernández argumentó la existencia de una relación previa de amistad que habría derivado en una “enemistad manifiesta”.
El fallo fue firmado por los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes consideraron que la presentación realizada por la querella de Fabiola Yañez no cumplió con los requisitos formales exigidos para este tipo de recursos ni logró acreditar una cuestión federal suficiente que justificara la intervención de la Corte Suprema.
Según sostuvo la Casación Penal, los argumentos expuestos expresaron únicamente una discrepancia con lo ya resuelto y no configuraron un supuesto de arbitrariedad. En ese sentido, los jueces remarcaron que la doctrina de la arbitrariedad exige la demostración de defectos graves que descalifiquen una resolución como acto jurisdiccional válido, algo que —indicaron— no fue probado en este caso.
Cabe recordar que el pasado 6 de octubre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al planteo de la defensa de Alberto Fernández, apartó a Ercolini, ratificó la validez de todo lo actuado hasta ese momento y dispuso el sorteo de un nuevo magistrado, instancia en la que resultó designado Daniel Rafecas.
Con el reciente pronunciamiento, Rafecas quedó plenamente habilitado para continuar con la investigación y avanzar, eventualmente, hacia la etapa de juicio oral.
El ex presidente Alberto Fernández se encuentra imputado por los delitos de amenazas coactivas, lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género. Estas figuras penales contemplan penas de hasta 15 años de prisión.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados se habrían producido entre 2016 y agosto de 2024, en un marco de violencia sistemática y una relación de poder asimétrica, situación que —según el Ministerio Público— se habría visto agravada durante el período en que Fernández ejerció la Presidencia de la Nación.
