JUSTICIA
La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa una etapa clave y empieza a complicar la situación judicial de Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan, propietarios de la droguería Suizo Argentina.
El expediente los ubica en el centro de la investigación por el fuerte incremento de contrataciones con el organismo durante la gestión de Diego Spagnuolo, con sospechas de direccionamiento de compras, sobreprecios y pago de retornos.
Crecimiento millonario bajo la lupa
De acuerdo con la causa, la empresa pasó de manejar contratos por alrededor de $5.000 millones a concentrar adjudicaciones que superaron los $110.000 millones entre 2024 y 2025.
Auditorías oficiales detectaron además presuntas irregularidades en los precios, con diferencias que en algunos casos superarían el 3.000%, lo que reforzó las sospechas de maniobras irregulares en las contrataciones públicas.
Maniobras de la defensa y nuevas pericias
En este contexto, los Kovalivker intentan ganar tiempo mientras avanza la etapa probatoria. Esta semana designaron una perito informática de parte para intervenir en el análisis de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
La estrategia de la defensa apunta a ampliar los puntos de pericia y cuestionar tanto la autenticidad de las grabaciones como su contenido, que fue incorporado como prueba central en el expediente.
Los audios bajo análisis describirían un presunto esquema de cobro de coimas vinculado a contrataciones dentro del organismo. Por orden del juez federal Ariel Lijo, el material será sometido a estudios técnicos para determinar si fue editado, manipulado mediante inteligencia artificial o alterado.
Spagnuolo, nuevamente en el centro de la causa
El exfuncionario Diego Spagnuolo volvió a quedar bajo la lupa judicial. En las últimas horas, su defensa se opuso a la orden que lo obliga a aportar una muestra de voz para ser cotejada con los audios incorporados al expediente.
Sus abogados sostienen que la medida vulnera el principio de no autoincriminación y anticiparon que presentarán un recurso para intentar revertir la decisión judicial.
Allanamientos y pruebas previas
La investigación ya registra antecedentes que comprometen a los empresarios. En agosto de 2025 se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas a la familia Kovalivker, incluidos domicilios en Nordelta.
En esos procedimientos se secuestraron computadoras, documentación, más de US$260.000 en efectivo y alrededor de $7 millones, además de otros elementos de interés para la causa.
A su vez, la Justicia investiga si hubo filtraciones previas a los operativos. Según la acusación, el jefe de seguridad del barrio privado habría obstaculizado el ingreso de los efectivos, lo que derivó en su procesamiento por presunto encubrimiento y desobediencia.
Una causa que sigue avanzando
Mientras se desarrollan las pericias sobre los audios y se suman nuevas pruebas al expediente, en el ámbito judicial consideran que las estrategias defensivas apuntan a demorar definiciones.
Sin embargo, la investigación continúa avanzando y no se descartan nuevas medidas, incluyendo posibles citaciones a indagatoria y eventuales imputaciones a medida que se consolide el cuadro probatorio.
