POLÍTICAS MIGRATORIAS
A partir del 1° de junio de 2025, los ciudadanos de Argentina podrán ingresar a China sin necesidad de visa para estadías de hasta 30 días, según anunció oficialmente el gobierno chino. La medida estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y aplica para quienes posean pasaportes ordinarios. Los viajeros podrán ingresar por motivos de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios culturales o en tránsito. Esta iniciativa fue anticipada por el presidente Xi Jinping durante la reciente cumbre ministerial entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), como parte de una estrategia para fortalecer la unión y los intercambios pacíficos entre ambas regiones.
Desde 2023, Pekín viene implementando acciones para reactivar el turismo y fortalecer los lazos internacionales, extendiendo además de 15 a 30 días el período de exención de visado para visitantes. China se destaca como el principal socio comercial de economías sudamericanas claves como Brasil, Chile y Perú, lo que da un valor estratégico a esta apertura diplomática.
En contraposición, el parlamento italiano aprobó el Decreto Ley 36/2025, impulsado por el gobierno de Giorgia Meloni, que restringe significativamente el acceso a la ciudadanía italiana para los argentinos. A partir de esta norma, solo podrán solicitar la ciudadanía por ius sanguinis (derecho de sangre) los hijos y nietos directos de ciudadanos italianos nacidos en Italia. Los bisnietos y generaciones posteriores deberán cumplir con requisitos adicionales, como demostrar residencia en Italia durante al menos tres años, aprobar un examen de idioma italiano nivel B1 y solicitar un permiso especial de residencia.
El gobierno italiano justifica la medida para evitar abusos y la comercialización de pasaportes, asegurando que la ciudadanía sea otorgada con seriedad y garantizando la integridad del proceso.
Respecto a los trámites en curso, los expedientes iniciados o con turno otorgado antes del 27 de marzo de 2025 seguirán bajo la ley anterior, gracias a una cláusula de derechos adquiridos, lo que alivia a quienes ya están en proceso.
La reforma italiana podría afectar a cerca de 16 millones de personas en América Latina, especialmente en países con fuerte descendencia italiana como Argentina y Brasil, generando un impacto significativo en la movilidad y derechos ciudadanos.
