IMPACTO DE LA MINERÍA
Los organismos sectoriales involucrados en el análisis del informe de impacto ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino mantuvieron una reunión en el Ministerio de Energía y Ambiente.
El objetivo del encuentro fue realizar un análisis conjunto de la documentación reunida en el expediente, incluyendo los dictámenes técnicos ya emitidos por los equipos de la Dirección de Minería (DM) y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA), además del informe técnico elaborado por la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y las respuestas ampliatorias presentadas por el titular del proyecto.
Entre los participantes estuvieron representantes de la Municipalidad de Las Heras, el Departamento General de Irrigación, la Dirección Provincial de Vialidad, la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Transición Energética, la Dirección de Planificación Territorial, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE), el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), el Ente Mendoza Turismo (Emetur), el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), GT Ingeniería -responsable del informe de impacto ambiental- y representantes de PSJ Cobre Mendocino.
“El encuentro permitió que cada uno de los representantes despejara dudas directamente con los profesionales técnicos de la Autoridad Ambiental Minera. Actualmente, los organismos están abocados al análisis detallado de toda la documentación, la cual está disponible en los sitios oficiales de la Dirección de Minería y la DGFA”, explicó Jerónimo Shantal, director de Minería.
El proceso continúa luego de la evaluación interdisciplinaria realizada por la FUNC, la DM y la DGFA, que derivó en un requerimiento de ampliación al proponente del proyecto. La Autoridad Ambiental Minera, tras recibir esa ampliación, remitió el expediente a los organismos sectoriales para que realicen un análisis conforme a sus competencias específicas.
“Este tipo de procedimientos de control cruzado entre el Estado y distintas instituciones permite avanzar con mayor transparencia y objetividad en los procesos de fiscalización y cuidado ambiental”, destacó Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.
De acuerdo con lo estipulado por el Decreto 820/06, los organismos sectoriales deberán emitir sus informes técnicos en un plazo de quince días hábiles desde la recepción de la documentación correspondiente.
