REVÉS JUDICIAL
La Cámara Federal de Casación Penal, a través de la Sala IV, condenó a tres hombres y una escribana por integrar una organización criminal dedicada al lavado de activos en Mendoza. La resolución, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se dictó en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y puso fin a un extenso proceso judicial que había tenido un fallo absolutorio en primera instancia.
La decisión del máximo tribunal penal hizo lugar al recurso presentado por los fiscales federales Fernando Alcaraz y Federico Baquioni, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, y luego sostenido por el fiscal general Raúl Pleé. Con esta resolución, los magistrados revocaron las absoluciones dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza en diciembre de 2024 y enviaron el expediente nuevamente a ese tribunal para que imponga las penas correspondientes.
Según el fallo, quedó probado que Marcelo Fabián Rabel Cantos (58), su hijo Zamin Ezequiel Rabel Morales (32), David Sechter (60) y la escribana Andrea Emilia Marún Calderón (50) realizaron diversas maniobras para dar apariencia legal a fondos obtenidos mediante estafas.
- Rabel Cantos fue hallado autor de lavado de activos agravado por la habitualidad.
- Marún Calderón resultó condenada por lavado de activos y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real.
- En tanto, Rabel Morales y Sechter fueron considerados partícipes secundarios.
La investigación comenzó tras una denuncia del Ministerio Público Fiscal mendocino, que detectó movimientos sospechosos vinculados a operaciones inmobiliarias con escrituras apócrifas. De acuerdo con la acusación, Rabel Cantos lideraba una estructura delictiva que obtenía ganancias ilícitas a través de ventas falsas de propiedades y posteriormente disimulaba el origen del dinero mediante la compra y donación de inmuebles y automóviles de lujo.
Entre 2012 y 2021, la organización habría concretado al menos tres adquisiciones inmobiliarias y quince compras de vehículos, utilizando pagos en efectivo, donaciones simuladas y contratos fiduciarios para encubrir la procedencia de los fondos. Muchos de esos bienes se registraban a nombre de familiares directos, su pareja o terceros de confianza, con el objetivo de borrar cualquier vínculo entre el líder y los bienes adquiridos.
En paralelo, se abrió otra causa luego de que una interventora del Registro Automotor de Maipú denunciara la certificación irregular de la firma de una persona fallecida, en una transferencia vehicular. Por ese hecho, la escribana Marún Calderón fue imputada por falsedad ideológica.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal Federico Baquioni, la auxiliar fiscal Analía Zanessi y el prosecretario Martín Salvoni. Sin embargo, en diciembre de 2024, el TOF N°2 de Mendoza —integrado por los jueces Héctor Fabián Cortés, Roberto Julio Naciff y Pablo Gabriel Salinas— había absuelto a todos los imputados, al entender que no se había acreditado un delito precedente y que las operaciones realizadas se encontraban dentro de la legalidad civil.
La reciente sentencia de Casación revierte aquella postura y reconoce la existencia de un esquema sistemático de lavado de dinero, ordenando que se establezcan las penas individuales para cada uno de los responsables.
