MINERÍA
La sede local del Conicet difundió un comunicado público en el que plantea objeciones técnicas y científicas al Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa responsable del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino (PSJ). El organismo, que participó en instancias de evaluación, advierte sobre deficiencias relevantes en estudios sobre recursos hídricos, biodiversidad, patrimonio arqueológico y impactos socioeconómicos, y solicita que las autoridades exijan ampliaciones y correcciones antes de avanzar con la tramitación administrativa.
Principales observaciones científicas
Entre las cuestiones señaladas por Conicet Mendoza figuran:
Recurso hídrico: Los análisis de caudales del arroyo El Tigre se realizaron con datos anteriores a la megasequía que afecta a la zona (2010-2022). Según el comunicado, los caudales reales son inferiores a la demanda declarada por la empresa (141 L/s) y la explotación prevista podría implicar el uso casi total del caudal, poniendo en riesgo el caudal ecológico y la disponibilidad de agua. Se detectan, además, incertidumbres en la modelación de la recarga y el riesgo de contaminación de aguas subterráneas, con posible afectación a la cuenca del río Mendoza y conexiones no justificadas entre las cuencas de Yalguaraz y Uspallata.
Biodiversidad: El IIA utiliza información insuficiente y desactualizada, con líneas de base poco detalladas. El plan de manejo de flora carece de medidas concretas para la protección y restauración de especies endémicas y ecosistemas sensibles como las vegas de alta montaña. En fauna, se observan inconsistencias en la distribución de especies y deficiencias metodológicas en los muestreos; se recomienda incorporar monitoreos que incluyan artrópodos y otros indicadores sensibles.
Patrimonio arqueológico y cultural: El valle de Uspallata concentra registros arqueológicos de hasta 8.000 años y segmentos del Qhapaq Ñan (Itinerario Cultural Transnacional, Patrimonio Mundial). El comunicado subraya que la explotación minera podría afectar bienes arqueológicos no renovables y paisajes culturales, comprometiendo la integridad del patrimonio protegido por normativa provincial, nacional e internacional. Se exige completar y actualizar el Estudio de Impacto Arqueológico (EIArq) antes de autorizar obras.
Impacto socioeconómico y servicios: Los datos poblacionales y socioeconómicos aportados son, en su mayoría, obsoletos y limitados a Uspallata. No existen estimaciones confiables sobre la incidencia del proyecto en vivienda, provisión eléctrica, salud, movilidad o en la estructura productiva regional. El comunicado advierte falta de información sobre los efectos demográficos (por ejemplo, desbalance de género) y posibles consecuencias sociales vinculadas a la llegada de grandes emprendimientos.
Suelo y riesgo de drenaje ácido minero (DAM): El IIA habría reutilizado en gran medida informes previos (Vector, 2006) con escasos aportes nuevos. Las mediciones de suelos son insuficientes (solo cuatro sondeos superficiales) para evaluar la potencialidad de formación de ácidos y el riesgo de Drenaje Ácido Minero (DAM); el CONICET pide ampliar muestreos y profundizar análisis para tomar decisiones informadas.
Solicitud de medidas y alcance institucional
El comunicado recuerda el deber del personal científico del Estado de velar por el interés público y advierte que las lagunas técnicas impiden una evaluación confiable del riesgo ambiental, cultural y social asociado al proyecto. Por ello, Conicet Mendoza solicita a las autoridades competentes:
exigir la revisión y ampliación del IIA por parte de la empresa;
incorporar líneas de base actualizadas (hidrológicas, biológicas, arqueológicas y sociales);
garantizar monitoreos periódicos con protocolos claros (duración, frecuencia, indicadores);
evaluar riesgos de contaminación de aguas subterráneas y posibles efectos en la cuenca del río Mendoza;
completar el Estudio de Impacto Arqueológico y asegurar mecanismos de consulta y protección del patrimonio y de las comunidades Huarpe.
Conclusión institucional
El Conicet Mendoza concluye que las deficiencias detectadas limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor. Por esa razón, reclama que no se avance con la Declaración de Impacto Ambiental hasta que el estudio cumpla con los requerimientos técnicos y científicos necesarios para resguardar el interés público, la integridad ambiental y el patrimonio de la provincia.
