La violencia escolar se volvió una problemática cada vez más visible en las instituciones educativas y suma nuevos episodios que generan alarma en todo el país. Agresiones verbales, conflictos físicos, hostigamiento entre pares, bullying extremo y casos vinculados al ingreso de armas a establecimientos forman parte de un escenario que se repite con mayor frecuencia y que, además, se amplifica por el impacto inmediato de las redes sociales.
En las últimas semanas, el tema volvió a ocupar el centro del debate tras un caso grave ocurrido en Santa Fe, donde un adolescente ingresó armado a una escuela y asesinó a un compañero. El hecho conmocionó por su magnitud, pero también reavivó una preocupación extendida: la violencia ya atraviesa las aulas y no se trata de episodios aislados.
Sin embargo, en Mendoza distintos hechos registrados en los últimos años evidencian que la provincia no está exenta. Uno de los episodios más recientes ocurrió en septiembre pasado en La Paz, cuando una adolescente se atrincheró armada en una escuela y fue rescatada tras un operativo de negociación. También se recuerdan situaciones anteriores vinculadas a intentos de suicidio y autolesiones dentro del ámbito educativo.
En el día a día escolar, directivos y docentes describen un clima atravesado por tensiones constantes. Los conflictos suelen surgir por dificultades en la convivencia, problemas de comunicación y falta de tolerancia frente a las diferencias, con expresiones que se manifiestan principalmente en violencia verbal y simbólica.
Además, se advierte un crecimiento de situaciones de discriminación hacia estudiantes con discapacidad, especialmente aquellos que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes se convierten en blanco frecuente de insultos y agresiones dentro del aula.

Un aula con agresividad creciente y menos límites
La percepción de los equipos escolares coincide en que los adolescentes presentan mayores dificultades para resolver conflictos, con poca empatía hacia el otro y niveles altos de irritación. Incluso, se observa que la agresividad aparece en juegos y vínculos cotidianos, especialmente en edades tempranas.
En este contexto, uno de los reclamos más repetidos por el personal educativo es que la figura de autoridad se debilitó. La escuela enfrenta cada vez más dificultades para establecer límites, y las sanciones tradicionales pierden efectividad frente a estudiantes que muestran menor preocupación por las consecuencias.
Redes sociales: amplifican y también generan violencia
Las tecnologías y las redes sociales aparecen como un factor central en la problemática. La viralización inmediata de peleas y conflictos no solo expone a menores y vulnera su privacidad, sino que también genera un efecto de reproducción: en muchos casos, las agresiones se producen con el objetivo de ser grabadas y difundidas.
Esto provoca que las disputas escolares trasciendan el ámbito del aula y se transformen en contenido digital, aumentando la presión social y profundizando dinámicas de bullying y humillación pública.
El fenómeno también impulsa el debate sobre el uso de celulares en las escuelas. Algunas instituciones avanzaron con restricciones formales, mientras otras aplican medidas internas como el retiro de teléfonos durante las clases, para reducir la distracción y evitar situaciones de exposición o conflicto.
Salud mental y vínculos frágiles en la adolescencia
Especialistas señalan que la adolescencia es una etapa marcada por fragilidad emocional y una fuerte necesidad de pertenencia. En muchos casos, los conflictos escolares se vinculan a problemas de autoestima, ansiedad, frustración, soledad y falta de contención familiar.
Las escuelas detectan con mayor frecuencia conductas de riesgo, como autolesiones, que aunque muchas veces no ocurren dentro del establecimiento, se manifiestan en el comportamiento cotidiano y requieren acompañamiento institucional.
Protocolos y contención: un sistema exigido por la demanda
En Mendoza, el sistema educativo cuenta con protocolos de intervención ante situaciones de violencia escolar. El enfoque apunta a la protección del estudiante y al fortalecimiento de las trayectorias educativas, priorizando la contención por sobre una lógica punitiva.
Las escuelas trabajan con acuerdos de convivencia, acompañamiento psicopedagógico y articulación con centros de salud y equipos especializados. En el nivel secundario intervienen los Servicios de Orientación Escolar (SOE) y también equipos técnicos de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), que actúan ante conflictos específicos.
Sin embargo, directivos advierten que los recursos disponibles suelen verse desbordados por la demanda. Los centros infantojuveniles y los servicios de salud mental aparecen como herramientas claves, pero con limitaciones por saturación y falta de acceso, ya que muchas familias no pueden afrontar tratamientos privados.
Mientras los casos continúan en aumento, la problemática expone un desafío cada vez más complejo: sostener la convivencia escolar en un contexto social atravesado por la violencia, la crisis emocional adolescente y la influencia creciente del mundo digital.
