CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Organismos de derechos humanos presentaron una grave denuncia contra la jueza federal Alicia Vence por las prolongadas demoras en las causas de lesa humanidad que tramita el Juzgado Federal N°2 de San Martín, bajo su cargo. Los cuestionamientos se centran en la falta de avances en expedientes fundamentales que investigan los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, especialmente en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo.
El colectivo Mario Bosch, conformado por abogados que participan en juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, destacó en particular la causa 4012 —una de las más emblemáticas—, en la cual se presentaron 13 pedidos de indagatoria por parte de las querellas y dos solicitudes del Ministerio Público Fiscal en los últimos cinco años. Sin embargo, la jueza Vence no dio curso a ninguno de estos pedidos.
La situación, de acuerdo con los denunciantes, no es aislada. Las demoras también afectan expedientes relacionados con la desaparición de trabajadores en plantas de Ford, Mercedes Benz y Techint. En total, los organismos de derechos humanos alertan que más de 50 imputados aún no han sido citados a declarar, lo que genera una creciente preocupación entre los familiares de las víctimas.
En 2024, un grupo de familiares de víctimas, organizaciones sindicales y agrupaciones de derechos humanos se movilizaron hasta el Juzgado Federal de San Martín y la Cámara Federal de la jurisdicción para exigir una respuesta ante la parálisis judicial. Entre las entidades que respaldaron la movilización se incluyen Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Uno de los principales reclamos es el extremadamente lento ritmo de las investigaciones. Desde 2019, según las querellas, apenas cinco personas fueron llamadas a declarar como sospechosos, lo que representa un ritmo alarmante, considerando la gravedad de los delitos y el tiempo que ha transcurrido.
Un caso paradigmático es la causa relacionada con el secuestro y desaparición de trabajadores de Mercedes Benz en la década de 1970. La jueza Vence mantuvo el expediente durante ocho años sin resolución y, cuando finalmente accedió al pedido de citación a indagatoria del exgerente Juan Ronaldo Tasselkraut, dictó de inmediato su sobreseimiento. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín revocó esa decisión y procesó al acusado por dos de los 17 hechos que se le imputaban. Otro de los acusados falleció durante la tramitación, sin haber llegado a declarar.
Además de las críticas a las decisiones judiciales, los organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por la reducción de personal en las secretarías especializadas en derechos humanos, la postergación de juicios orales debido a la falta de jueces o el abuso de la virtualidad, y la falta de transparencia en las audiencias, que en muchas ocasiones no son públicas ni transmitidas en vivo.
Fuera del ámbito judicial, se denunció la falta de compromiso del Poder Ejecutivo para garantizar el acceso y resguardo de archivos oficiales, especialmente aquellos relacionados con las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia, que podrían aportar pruebas clave en las investigaciones.
Los reclamos de los organismos serán elevados a la Comisión Interpoderes de la Corte Suprema de Justicia, el espacio institucional creado para coordinar esfuerzos entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y los organismos de derechos humanos. Su objetivo es destrabar las causas paralizadas y garantizar justicia en los crímenes del terrorismo de Estado.
