falta de respuestas
La realidad de las personas en situación de calle en Mendoza sigue siendo crítica y, en muchos casos, sin respuestas efectivas. El reciente desalojo de un grupo que vivía en la plazoleta Almirante Brown, frente al Hospital Central, expuso nuevamente la falta de políticas sostenidas para abordar esta realidad.
Lejos de tratarse de una solución definitiva, estas acciones solo trasladan el problema de un punto a otro dentro del Gran Mendoza. Los espacios públicos se convierten en hogares improvisados para quienes no tienen alternativas, y al ser desalojados, simplemente buscan otro sitio donde instalarse.
Desde el ámbito eclesiástico, se sostiene que cada municipio del área metropolitana debería contar con, al menos, dos refugios para personas en situación de calle. Esta medida permitiría ofrecer una respuesta mínima ante una población que no para de crecer, sobre todo en zonas céntricas.
En 2024 se realizó una experiencia piloto con el hotel Huentala, que funcionó durante 45 días como refugio para 50 personas, sin mayores conflictos. Además, se implementó un convenio con el municipio de Guaymallén y el Servicio Penitenciario, destinado a acompañar el proceso de liberación de personas privadas de libertad. Este plan contempla asistencia en vivienda, salud y trabajo, con el fin de evitar que quienes egresan del sistema penitenciario terminen en la calle y recaigan en situaciones delictivas.
La falta de refugios y dispositivos de contención transforma cada desalojo en una solución temporal e incompleta. Mientras no se implementen políticas estructurales que respondan a la multiplicidad de causas detrás de la situación de calle —como la falta de trabajo, vivienda o redes familiares—, la problemática seguirá reproduciéndose en otros puntos de la ciudad.
En definitiva, lo que se necesita no es solo retirar a las personas de un espacio público, sino garantizar condiciones mínimas de dignidad para que puedan salir del círculo de la exclusión.
