RESONANTE CASO
La Justicia Federal decidió detener al exjuez Enrique Knoll y al exfiscal provincial Adelmo Argüello, debido a las desapariciones de los albañiles Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, el 28 de abril de 1990. Ocurrió en el Parque San Martín.
Además, otros 19 expolicías de la provincia también fueron detenidos en un operativo que se realizó este miércoles y estuvo a cargo de Gendarmería Nacional en el Gran Mendoza. Se sospecha que todos contribuyeron (por acción u omisión) a la desaparición de ambos hombres.
Por su parte, Enrique Knoll fue uno de los magistrados investigadores del caso y destituido en el año 2000. Argüello se jubiló y en 2002 pidió, durante un juicio en Mendoza, la absolución de Charly García, quien había llegado acusado de lesiones.
Todos los detenidos arriesgan la pena de prisión perpetua.
Cómo ocurrió el caso Baigorria-Garrido
Desde 2017, el caso pasó a la Justicia Federal por tratarse de un caso de desaparición forzosa que es considerado delito de lesa humanidad.
Por su parte, en 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino a pagarles importantes sumas en dólares a los familiares de los desaparecidos. Y, en el punto 4 de la resolución, se decidió investigar y poner bajo proceso penal a los responsables por acción u omisión.
"El Estado argentino debe investigar los hechos que condujeron a la desaparición de los señores Adolfo Garrido y Raúl Baigorria y someter a proceso y sancionar a sus autores, cómplices, encubridores y a todos aquéllos que hubiesen tenido participación en los hechos", aseguraron.
El 17 de enero, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó una "profunda preocupación" por la falta de novedades concretas en la investigación judicial.
"La Comisión reitera su profunda preocupación, ya que tras más de 30 años de la desaparición de las víctimas no se han dado avances sustantivos en la investigación. En ese sentido, la CIDH recuerda que ante la gravedad de los hechos del caso, es necesario que el Estado impulse eficazmente la investigación para que produzca resultados concretos y pueda cumplir con lo ordenado por la Honorable Corte. La CIDH solicita respetuosamente a la Corte que requiera al Estado que le informe sobre el curso actual de la investigación, los avances alcanzados por el EAAF, las fechas de las últimas diligencias realizadas, el plan de investigación para los próximos meses, así como los recursos asignados para su desarrollo", agregó.
A través de los años, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció recompensas en dinero por información que sirviera para esclarecer el caso. Nunca hubo imputados ni detenidos, hasta este miércoles.
