En las últimas horas de este jueves, Diputados de todos los bloques presentaron un pedido de informes a la Justicia sobre el estado procesal de la causa de Janina Ortiz perteneciente a La Unión Mendocina, quien es investigada por fraude a la administración pública y coacción. Sucede en el marco de la causa de la cooperativa fantasma que funcionaba con fondos de la municipalidad de Las Heras.
A más de tres meses de la quita de sus fueros, la legisladora afronta un panorama complicado. Según lo que indica el proyecto, el fin es conocer cuáles son los avances y el estado actual de las causas penales que posee la pareja del exintendente de la comuna mencionada, Daniel Orozco.
El pedido, que ingresó a la Cámara Baja, es impulsado por Franco Ambrosini (UCR) y está acompañado con la firma de diputados de todos los bloques: Partido Justicialista, Partido Verde, LUM y Cambia Mendoza.
“Por razones de economía procedimental y celeridad, es necesario que el órgano jurisdiccional proporcione información actualizada sobre las causas para las cuales se concedió el desafuero, avance de las mismas y situación procesal“, indica el proyecto.
De esta forma, los pedidos serán cursados a la Fiscalía de Instrucción Nº 28, por la causa caratulada “FISCAL. C/JANINA ORTIZ OCCHIERO P/ COACCIONES”, y a la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, por la causa ““F. C/ORTIZ, JANINA Y OTROS P/FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBICA”.
En ambos casos, se solicitó remitir a la Cámara copia “de todas las actuaciones que se encuentren en dichos obrados a partir del pedido de desafuero allí recaído”, el cual se concretó el 20 de diciembre pasado por 45 votos a favor y tres ausentes Diputados.
Las causas contra Janina Ortiz
Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 7, y Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción N° 32, investigan a Ortiz por los delitos de fraude a la administración pública y por coacciones, respectivamente.
El primer caso está vinculado a la causa conocida como cooperativa fantasma, donde se investiga el supuesto desvío de $35 millones. D'Amore apunta al presunto direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas para favorecer a la cooperativa de trabajo “Manos a la Obra”, que debía realizar tareas de limpieza y mantenimiento en calles, plazas y espacios públicos de Las Heras.
Por su parte, Atur investiga a Ortiz por el delito de coacción. Esta causa surge luego de que una empleada de Ortiz denunció que fue obligada a grabar una conversación y mantener relaciones sexuales con Osvaldo Oyhenart, exfuncionario que respondía políticamente a la actual diputada provincial.