TENSIÓN POLÍTICA Y JUDICIAL
El Ejecutivo reconoce que no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para avanzar con una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario y evalúa abrir una negociación con gobernadores para intentar destrabar el conflicto, aunque admite que el margen político es limitado.
En la Casa Rosada consideran que el tema tiene un fuerte impacto sobre las cuentas públicas, pero al mismo tiempo admiten que hoy no existe consenso suficiente ni con los bloques aliados ni con el sistema universitario para encarar una reforma.
Una ley vigente en tensión política y judicial
La ley 27.795, sancionada tras la insistencia del Congreso, fue promulgada en 2025, aunque el Gobierno sostiene que su aplicación está condicionada a la definición de fuentes de financiamiento.
El oficialismo ya descartó retomar el proyecto original enviado a Diputados en sesiones extraordinarias, que no llegó a debatirse en el recinto. En el Ejecutivo admiten que el escenario político y judicial cambió y complica cualquier intento de reconfiguración del esquema actual.
Tensiones internas y freno en la estrategia legislativa
Dentro del Gobierno, la discusión sobre la estrategia parlamentaria expuso diferencias entre distintos sectores del oficialismo, lo que terminó frenando un eventual avance legislativo antes del inicio del ciclo lectivo.
A esto se sumó un fallo judicial que respaldó a las universidades y ordenó la actualización de salarios y fondos, lo que llevó al Ejecutivo a presentar un recurso ante la Corte Suprema.
Estrategia oficial y cumplimiento parcial
Mientras se espera la resolución judicial, el Gobierno aplica un esquema de cumplimiento parcial de la ley, con actualizaciones mensuales que buscan ajustarse a una interpretación mínima de la normativa, a la espera de una definición de fondo.
En paralelo, advierten preocupación por un posible aumento del conflicto social si la situación se prolonga.
Presión del sistema universitario
El frente universitario, integrado por rectores, estudiantes y gremios, ya convocó a una nueva movilización nacional, mientras el proceso judicial sigue en curso.
La Cámara deberá resolver primero las presentaciones del Estado y luego definir si interviene la Corte Suprema, en un contexto donde el financiamiento universitario continúa siendo uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y el sistema educativo.
