EDUCACIÓN
El Gobierno nacional oficializó este martes la desregulación de los aranceles en los colegios privados, una medida que habilita a los establecimientos a fijar libremente las cuotas y matrículas, sin autorización previa del Estado.
La decisión se instrumentó a través del decreto 787, publicado en el Boletín Oficial, y deja sin efecto un sistema de control vigente desde hace más de 30 años, que obligaba a las instituciones a someter sus precios a la aprobación del Ejecutivo. Según el texto oficial, la medida busca favorecer un entorno más propicio para la gestión educativa privada, garantizando su sostenibilidad y la calidad del servicio. El Gobierno argumentó que la normativa anterior “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades económicas del país”.
Desde la administración de Javier Milei remarcaron que el cambio se enmarca en la premisa de que “el principio de libre contratación debe ser resguardado”, y que cada institución debe tener el derecho de definir sus políticas de precios y compensaciones en función de los costos, la competencia y la demanda del mercado.
El decreto sostiene que el antiguo régimen podía generar una precarización de la calidad educativa, ya que los colegios no podían responder con agilidad a los aumentos de insumos, salarios y gastos operativos. Además, advierte que ese esquema provocaba incertidumbre económica en las instituciones, que fijaban cuotas elevadas para cubrir eventuales subas no autorizadas a tiempo por el Estado.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca liberar el sistema educativo privado y avanzar hacia un modelo basado en la competencia y la autonomía institucional, en línea con la política general de desregulación económica impulsada por el Gobierno nacional.
