POLÉMICA MOTOSIERRA
El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles una nueva medida de reorganización estatal: a través del Decreto 396/2025, publicado en el Boletín Oficial, dispuso la disolución del Instituto Nacional del Agua (INA) y la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). La decisión forma parte del plan de reducción y desburocratización de estructuras públicas impulsado por la gestión de Javier Milei.
Según señala la norma, la medida busca “optimizar el gasto público en el marco del proceso de desregulación y racionalización del Estado” y responde al objetivo de reducir el “sobredimensionamiento” de la administración nacional. En este sentido, se eliminan estructuras intermedias y se centralizan funciones técnicas y operativas bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas y el Ministerio de Economía.
El decreto establece que el INA, encargado del estudio, capacitación y difusión de conocimientos sobre recursos hídricos, dejará de existir como organismo autónomo y pasará a funcionar como una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obras Públicas.
Por su parte, el INPRES —con sede en San Juan y responsable de la normativa antisísmica y estudios de riesgo geológico desde su creación en 1972— será absorbido por el SEGEMAR, organismo que ya concentra competencias en geociencia y prevención de desastres naturales.
Garantizan continuidad de funciones, pero hay preocupación en el sector científico
Las autoridades aseguraron que las funciones técnicas esenciales, así como el personal, los recursos y los bienes de los organismos eliminados o fusionados, se mantendrán operativos en las nuevas estructuras sin afectar los estándares de calidad. Los trabajadores continuarán en sus cargos y bajo las mismas condiciones de revista.
Sin embargo, sectores científicos y técnicos manifestaron su preocupación ante un posible debilitamiento de áreas clave, como la prevención sísmica o la gestión integral de los recursos hídricos, en un contexto climático complejo.
Esta decisión se inscribe en el paquete de reformas estructurales del Estado impulsado por el Gobierno Nacional, con el propósito de reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia administrativa. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei; del ministro de Economía, Luis Caputo; y del titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
