CONFLICTO TERRITORIAL
El Gobierno nacional eliminó la emergencia territorial en tierras indígenas mediante el decreto 1083/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial. Esta medida deroga tanto la Ley N.º 26.160, sancionada en 2006, como el decreto 805/2021 que prorrogaba su vigencia hasta 2025. La decisión marca el fin de las protecciones que impedían desalojos en tierras ocupadas por comunidades originarias y abre un nuevo escenario para estos territorios.
Qué establecía la Ley N.º 26.160
La normativa declaraba la emergencia en "materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas", suspendiendo desalojos por un período inicial de cuatro años. Este plazo se extendió sucesivamente mediante nuevas leyes y decretos. Su objetivo principal era garantizar los derechos territoriales de los pueblos originarios mientras se realizaba un relevamiento técnico-jurídico de las tierras.
Argumentos del Gobierno para la derogación
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que la ley y sus prórrogas fueron utilizadas de manera "abusiva y discrecional" por algunas comunidades y grupos asociados, lo que habría resultado en conflictos territoriales, ambientales y sociales. Además, señala que hubo un aumento significativo en el registro de comunidades indígenas, muchas de las cuales, según el decreto, no cumplirían con los requisitos mínimos para ser reconocidas como tales. Actualmente, 1626 comunidades están registradas oficialmente.
El texto también destaca que la situación en regiones como el sur de Argentina se ha agravado por enfrentamientos entre comunidades, propietarios y fuerzas de seguridad, mencionando 254 casos judicializados por usurpaciones y hechos violentos, incluidos incendios intencionales.
Firmas del decreto
El decreto cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y de todo su gabinete, incluido el jefe de ministros Guillermo Francos y los titulares de Defensa, Seguridad, Justicia, Economía, entre otros.
Qué implica esta decisión
Con la derogación de la emergencia territorial, las fuerzas de seguridad están habilitadas para proceder con desalojos en casos de ocupaciones irregulares. Esto podría generar tensiones en territorios reclamados por comunidades indígenas, que anteriormente estaban protegidas por la ley.
La medida representa un cambio significativo en la política sobre tierras indígenas, con potenciales repercusiones en el ámbito social, político y judicial. Distintos sectores, incluyendo organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios, han comenzado a expresar su preocupación por los posibles impactos de esta decisión en los derechos de los pueblos originarios y la resolución de los conflictos territoriales pendientes.
