MEDIDAS
El Gobierno provincial presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone crear un adicional remunerativo para los abogados auxiliares y el personal administrativo que integra la Asesoría de Gobierno. La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados, busca reconocer el volumen de trabajo y las responsabilidades que asume el organismo en representación del Estado.
Un organismo clave con una carga creciente
La Constitución de Mendoza establece que debe existir un único Asesor de Gobierno para todas las dependencias del Poder Ejecutivo, con excepción de los organismos con autonomía constitucional. Por ese motivo, la Asesoría brinda asesoramiento jurídico transversal a ministerios, entes descentralizados y reparticiones de diversa jerarquía.
En los últimos años, la función del organismo se expandió de forma significativa. Actualmente interviene en alrededor de 3.000 causas judiciales de distintos fueros, desde expedientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta litigios en juzgados provinciales. A esto se suma la representación del Estado frente a demandas contra los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, mediante los dictámenes que elabora, la Asesoría consolida criterios que conforman jurisprudencia administrativa uniforme para todas las áreas jurídicas provinciales, según lo establecido en la normativa vigente.
Cómo será el adicional salarial
Ante esta carga operativa y la amplitud de funciones, el proyecto propone crear un adicional específico para los trabajadores del organismo, que se aplicará una vez que la ley sea publicada.
Los principales puntos de la iniciativa son:
Abogados del organismo: percibirán un monto equivalente al doble de lo que cobra un agente del Régimen Salarial 5 (Ley 5126), Clase 13, incluyendo la asignación de clase y los adicionales por título y responsabilidad jerárquica.
Personal administrativo: recibirá un adicional equivalente a la mitad de ese cálculo.
Ajustes futuros: el Asesor de Gobierno tendrá la facultad de aumentar o disminuir el monto mediante resolución, siempre que exista disponibilidad presupuestaria avalada por el Ministerio de Hacienda.
Con este esquema, el Ejecutivo busca otorgar un reconocimiento económico acorde al nivel de especialización y al creciente volumen de trabajo que enfrenta la Asesoría de Gobierno en su labor diaria.
