AJUSTE
En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional se comprometió a llevar adelante una reforma estructural del sistema jubilatorio, pero la presentación formal del proyecto fue postergada hasta diciembre de 2026.
La decisión responde a dos factores clave: por un lado, la complejidad técnica que implica rediseñar un sistema fragmentado y con alto costo fiscal; por otro, la estrategia política de evitar un debate sensible en un año electoral y apostar a una futura composición legislativa más favorable tras los comicios de octubre.
El compromiso con el FMI
Según el último informe del staff técnico del FMI, Argentina deberá avanzar en una revisión integral del sistema de pensiones, con foco en mejorar la equidad, la sostenibilidad y la relación entre aportes y beneficios. Además, se busca incentivar la formalización laboral y reducir el gasto previsional que hoy representa uno de los mayores desafíos fiscales del país.
La reforma jubilatoria se inscribe dentro de una agenda más amplia exigida por el organismo, que incluye también una reforma fiscal y un nuevo esquema de coparticipación federal, con el objetivo de alinear incentivos entre Nación y provincias.
Fin de las moratorias previsionales
Como primer paso hacia la reestructuración, el Gobierno eliminó a fines de marzo la posibilidad de acceder a la jubilación mediante moratoria. En el informe presentado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, ante el Congreso, se argumentó que las moratorias perdieron su carácter excepcional y pusieron en riesgo la sostenibilidad del sistema:
“No se puede fortalecer la seguridad social con excepciones, sino con más empleo formal y crecimiento sostenido”, indicaron.
Los números detrás del cambio
El impacto de las moratorias es significativo: más del 54% de las jubilaciones y pensiones actuales fueron otorgadas por esta vía, lo que equivale a más de 4 millones de beneficios. El 74% de quienes accedieron por moratoria son mujeres, y en diciembre de 2024 el gasto mensual del Estado en estos pagos superaba los 1,4 billones de pesos, es decir, el 2,57% del PBI.
Con la mira puesta en 2026, el Gobierno espera contar con un contexto político y económico más favorable para impulsar una reforma profunda y duradera del sistema previsional.
Lee también
