JUSTICIA
El Gobierno nacional decidió volver a poner en agenda, a partir de marzo, la discusión por las dos vacantes que existen en la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa llega un año después de que el Senado rechazara los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, una derrota política que obligó a la Casa Rosada a replantear su estrategia.
La postergación del debate fue una decisión directa del presidente Javier Milei, quien priorizó durante los últimos meses la aprobación del Presupuesto 2026 y el tratamiento de los proyectos incluidos en las sesiones extraordinarias. Con ese objetivo cumplido, el oficialismo planea retomar de manera gradual el diálogo con los distintos bloques opositores.
En ese marco, el Ejecutivo buscará tender puentes con sectores más duros del Congreso, como Unión por la Patria, con la intención de reunir los apoyos necesarios para aprobar los nuevos pliegos. Por ahora, los nombres que podrían llegar al Senado no están definidos y desde el Gobierno aseguran que la decisión final quedará en manos del Presidente.
Actualmente, la Corte Suprema funciona con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La intención del oficialismo es completar la integración del tribunal, mientras evalúa distintos perfiles jurídicos que ya fueron considerados en etapas anteriores, aunque sin definiciones formales.
En paralelo, la Casa Rosada proyecta avanzar con la designación de jueces federales, fiscales y defensores públicos para cubrir una porción significativa de las vacantes del sistema judicial. Para ello, no descarta negociar con gobernadores dialoguistas, aunque desde el oficialismo remarcan que no avalarán nombramientos sin consenso ni perfiles que no consideren adecuados.
Por último, fuentes del Ejecutivo señalaron que no está previsto impulsar en el corto plazo el reemplazo del Procurador General de la Nación, cargo que continúa ocupado de manera interina. La definición, aseguraron, quedará supeditada a los tiempos y decisiones políticas del Presidente.
