MEDIDAS
El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración del Poder Ejecutivo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que elimina el Ministerio del Interior y transfiere todas sus funciones a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli.
La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Ministerios y llega luego de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.
La Jefatura de Gabinete concentra más funciones
Con la reforma, la Jefatura de Gabinete absorberá las competencias que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior, entre ellas las vinculadas a las relaciones con las provincias, el régimen electoral, turismo, ambiente, deporte, ciencia y tecnología, además de otras áreas de la administración pública.
Para asistir en estas nuevas responsabilidades, el Ejecutivo creó dos cargos:
- Vicejefe de Gabinete, que será ocupado por Guillermo Ignacio Devitt.
- Vicejefe de Gabinete del Interior, a cargo de Gustavo Javier Coria.
Además, todos los bienes, recursos, personal, partidas presupuestarias y estructuras organizativas del ministerio eliminado pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete hasta que se apruebe el nuevo esquema administrativo.
Ocho ministerios
Con la reestructuración, el Gabinete nacional quedó integrado por la Jefatura de Gabinete y ocho ministerios:
- Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
- Defensa.
- Economía.
- Justicia.
- Seguridad Nacional.
- Salud.
- Capital Humano.
- Desregulación y Transformación del Estado.
Nuevas secretarías presidenciales
El decreto también crea dos nuevas áreas que dependerán directamente de la Presidencia de la Nación:
- Secretaría de Vocería Presidencial, que estará a cargo de Adrián Ravier.
- Secretaría de Comunicación y Medios, encabezada por Fabián Fernández.
Asimismo, las Secretarías General, Legal y Técnica, de Inteligencia de Estado y de Vocería Presidencial tendrán rango y jerarquía de ministro.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que la reorganización busca optimizar el funcionamiento de la administración pública, centralizar la coordinación política y mejorar la gestión del Estado.
Como ocurre con todos los decretos de necesidad y urgencia, la norma deberá ser remitida al Congreso para su análisis por la Comisión Bicameral Permanente y posteriormente ser tratada por ambas cámaras legislativas.
