ECONOMÍA Y PROVINCIAS
La reconfiguración de la obra pública bajo el gobierno de Javier Milei, con la virtual retirada de la Nación de la contratación de proyectos desde diciembre de 2023, generó un escenario fragmentado donde los gobiernos provinciales asumieron el rol central en la ejecución de infraestructura. Esta dinámica abrió una brecha entre jurisdicciones que avanzan con recursos propios y otras donde la actividad se desacelera con fuerza.
Empresas del sector advierten movimientos crecientes entre constructoras que migran hacia las regiones más activas. En distritos con inversiones locales, la construcción sostiene su ritmo, mientras que en otras zonas la caída de la actividad se profundiza. Los registros de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) reflejan esta diferencia: en 15 jurisdicciones disminuyó la cantidad de contratistas y subcontratistas, mientras que en 9 provincias el número creció durante septiembre.
Entre las “grandes jurisdicciones”, la provincia de Buenos Aires registró una baja interanual del 3,1% en empresas del rubro, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (-1,3%), Córdoba (-0,6%) y Santa Fe (-0,4%). Los contrastes se evidencian en la paralización de obras financiadas por el Estado nacional —como los trabajos de dragado sobre el río Salado— frente a proyectos en marcha financiados con recursos locales, como el puente a Santo Tomé o el tercer carril de la ruta hacia San Lorenzo.
El comportamiento del sector también depende del impulso de la inversión privada, especialmente en actividades asociadas a recursos naturales. San Juan acumula tres meses consecutivos de un incremento superior al 10% interanual en empresas constructoras, con una suba del 12,6% en septiembre por la expectativa de grandes proyectos mineros. En Neuquén, el crecimiento del 3,7% está vinculado al dinamismo de Vaca Muerta, que moviliza obras vinculadas al petróleo, el gas, la hotelería y el desarrollo residencial.
También mostraron aumentos Tucumán (3,4%) y Jujuy (3%). En el extremo opuesto, Santa Cruz atraviesa una caída del 13% en empresas constructoras debido al ajuste en la actividad petrolera y la salida de YPF. Le siguen Chaco (-8,9%) y Santiago del Estero (-7%) por el freno de proyectos financiados por la Nación.
La comparación con los últimos 24 meses muestra impactos más profundos, con disminuciones superiores al 20% en Tierra del Fuego (-30,3%), La Rioja (-27,0%), Santa Cruz (-26,7%) y Santiago del Estero (-22,4%). En provincias donde la actividad se mantiene, crece la preocupación ante la llegada de nuevas competidoras que buscan oportunidades fuera de sus mercados de origen.
El panorama se completa con dos hechos relevantes para el sector: el inicio del juicio por presunta corrupción en la obra pública durante gestiones anteriores, con más de 60 empresarios involucrados, y las negociaciones entre gobernadores y el Poder Ejecutivo para definir si habrá financiamiento nacional o internacional para reactivar proyectos o si deberán sostenerlos con recursos propios.
