MEDIDAS
Luego de sancionar el Presupuesto 2026, el oficialismo sumó un nuevo avance legislativo en el Senado con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce cambios profundos en el sistema tributario y busca incentivar la incorporación de ahorros no declarados a la economía formal.
La norma modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, con el objetivo de redefinir los criterios de control, fiscalización y sanción. Además, crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, destinado a facilitar el cumplimiento impositivo y reducir la carga administrativa para los contribuyentes.
Los puntos clave de la Ley de Inocencia Fiscal
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Según explicó el Gobierno, quienes adhieran a este esquema contarán con un marco de mayor previsibilidad, que les permitirá operar sin revisiones permanentes sobre su situación patrimonial.
El régimen establece un tope de adhesión de hasta 10.000 millones de pesos en patrimonio y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales o justificar consumos. En este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) liquidará el impuesto a las Ganancias solo sobre los ingresos declarados, sin considerar el crecimiento del patrimonio, y aplicará las deducciones correspondientes según los gastos informados.
El artículo 39 incorpora el denominado “efecto liberatorio del pago”: si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y cancela el monto correspondiente en tiempo y forma, quedará eximido de sanciones, salvo que se compruebe la omisión de ingresos.
Endurecimiento de sanciones y cambios penales
La iniciativa también eleva de manera significativa los umbrales para la aplicación de sanciones penales. Para que una conducta sea considerada evasión simple, el monto mínimo pasa de 1,5 millones a 100 millones de pesos. En el caso de la evasión agravada, el piso se fija en más de 1.000 millones de pesos.
Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. En este marco, ARCA no impulsará acciones penales si el contribuyente regulariza su situación y cancela la deuda con intereses, un beneficio que solo podrá utilizarse una vez por persona.
Cuando la denuncia aún no haya sido presentada, la acción penal quedará extinguida si el contribuyente regulariza su situación y paga la deuda con un recargo adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación.
Si bien la ley propone una flexibilización de los controles fiscales, también contempla un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término.
