Tribunales
El exgobernador peronista Francisco “Paco” Pérez y su esposa Celina Sánchez están siendo investigados por la Justicia en la causa de enriquecimiento ilícito. La misma está a un paso de ser elevada a juicio.
El fiscal de instrucción, Santiago Garay, quien encabeza la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, remitió el expediente a la fiscal adjunta, Paula Quiroga. Actualmente está a la espera de su revisión.
Pérez y Sánchez se encuentran bajo un grave escrutinio centrado en un presunto aumento injustificado de su patrimonio durante el período en que Pérez ejerció como gobernador, es decir, entre 2011 y 2015.
Sin embargo, no habrá pedido de prisión para el matrimonio imputado.
Cómo inició la causa
En enero del año pasado, Pérez fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito en una causa que tuvo como disparador la compra de un departamento en las Torres Agustinas en 2013, mientras era gobernador.
El dato se conoció tres años más tarde, cuando la Fiscalía publicó en la web las declaraciones juradas de los funcionarios. Allí surgió que Sánchez era propietaria de un departamento, valuado en ese entonces en 1.165.500 pesos, ubicado en el barrio Bombal Sur.
La exprimera dama admitió además una deuda por ese inmueble de 762.402 pesos con la empresa OHA Construcciones. La misma era contratista del Estado provincial y estuvo a cargo de obras de infraestructura significativas en la provincia.
En marzo de 2016, legisladores radicales que sospechaban que Pérez y su esposa no estaban en condiciones de justificar la adquisición del costoso inmueble, fueron a la Justicia.
Pérez se presentó de manera espontánea a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos y denunció “un show mediático” y “una maniobra” orquestada por Alfredo Cornejo. En su defensa, dijo que junto con su esposa tenían los fondos para adquirir el departamento gracias a sus ingresos como abogado previo a su ingreso a la función pública, a la venta de otros inmuebles y al salario de Sánchez como empleada en Fuesmen.
Sin embargo, se realizaron tres pericias contables y la última de ellas, a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo, determinó que con sus sueldos públicos, Pérez y Sánchez no podían justificar la adquisición del departamento en Godoy Cruz.
