NORMATIVA CLAVE
El Gobierno de Mendoza promulgó la ley que modifica el régimen de prevención y control de incendios en la provincia, una normativa que actualiza los criterios para el otorgamiento del Certificado de Medidas de Protección Aptas Contra Incendios (Cemepaci) y redefine la distribución de competencias entre los municipios y la Dirección de Bomberos.
La nueva legislación reemplaza un esquema vigente desde hace más de dos décadas y apunta a agilizar los trámites, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del sistema, sin afectar los estándares de seguridad. El eje central de la reforma es la descentralización del proceso de certificación, que habilita una mayor participación de los municipios que cuenten con áreas técnicas especializadas y profesionales habilitados.
Según establece la norma, la Dirección de Bomberos de la Policía de Mendoza conservará como competencia indelegable el otorgamiento del Cemepaci en edificios públicos, semipúblicos y privados vinculados a la prestación de servicios públicos. En paralelo, los municipios con estructuras técnicas adecuadas podrán emitir directamente el certificado en otros tipos de inmuebles, especialmente en edificaciones privadas de mayor superficie.
En los departamentos que no cuenten con áreas especializadas, la certificación continuará tramitándose a través de Bomberos provinciales. Además, la ley mantiene bajo la órbita de la Dirección de Bomberos las auditorías, inspecciones y pericias posteriores a incendios, consideradas fundamentales para determinar causas, responsabilidades y eventuales fallas en las medidas de protección.
La normativa también prevé que autoridades nacionales, provinciales o municipales puedan requerir la intervención de Bomberos oficiales en función de criterios de riesgo, complejidad o características particulares de los inmuebles, reforzando el control técnico en situaciones que lo ameriten.
La modificación del régimen de incendios se inscribe en el desarrollo del Código Unificado de Construcción, un proceso articulado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, los municipios y diversos organismos técnicos. El objetivo es unificar criterios constructivos en toda la provincia y otorgar previsibilidad tanto al sector público como al sector privado.
