POLÉMICA AUTORIZACIÓN
La Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) formalizó su aval técnico y ambiental al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, tras la firma del Informe Final Único que concluye una etapa clave en la tramitación de la iniciativa que busca desarrollarse en Uspallata, departamento de Las Heras.
El dictamen fue resultado de un análisis técnico interdisciplinario e incluyó aportes de más de veinte organismos sectoriales, junto con la sistematización de las más de 150 observaciones ciudadanas recibidas en el marco de la consulta pública. El documento también establece exigencias ambientales para todas las etapas del proyecto: construcción, operación y cierre.
Según explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal, el aval está condicionado al cumplimiento de todas las instrucciones técnicas incluidas en el informe, y fue refrendado por representantes de los doce organismos que componen la CEIAM.
Entre los entes que conforman la comisión se encuentran el INTA, el CONICET Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Dirección de Áreas Protegidas, el Departamento General de Irrigación, el Consejo Provincial del Ambiente, entre otros. En conjunto, evaluaron el Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa y los dictámenes especializados de organismos como la CNEA, el EPRE, la Dirección Nacional de Vialidad, el IADIZA y el INAI.
Un proceso técnico extenso, pero con alertas ambientales
La evaluación técnica incluyó informes elaborados por la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC), que propuso reforzar el monitoreo ambiental, mejorar la caracterización de los recursos naturales y fomentar la participación de las comunidades locales. También se destacó el potencial del cobre en la transición energética, aunque desde distintos sectores académicos y sociales se ha advertido sobre la necesidad de garantizar el resguardo ambiental ante las posibles consecuencias de una minería de gran escala en zonas cordilleranas.
Organismos como la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque recomendaron preservar la fauna y flora autóctona, evitar especies exóticas y reforzar la señalización preventiva en el área del proyecto. El IADIZA, por su parte, pidió un control específico sobre vegas y humedales.
El Departamento General de Irrigación otorgó una viabilidad condicionada, estableciendo acciones obligatorias para cada etapa. La Dirección de Hidráulica, en cambio, no formuló objeciones, aunque solicitó estudios topográficos de precisión.
Uno de los aspectos que generó mayor atención fue el tratamiento de los recursos hídricos. La CNEA, a través de su programa de hidrología isotópica, pidió ampliar el número de puntos de muestreo y profundizar en los análisis de aguas superficiales y subterráneas, una preocupación central para organizaciones ambientales que vienen advirtiendo sobre el posible impacto sobre los acuíferos.
En cuanto a la infraestructura vial, la Dirección Nacional de Vialidad recomendó proyectos ejecutivos para el acceso a la mina y obras sobre la Ruta Nacional N.º 149, remarcando la necesidad de controlar residuos, escurrimientos y emisiones de polvo.
Consulta pública y comunidades originarias
Entre el 19 de febrero y el 26 de mayo de 2025, se llevó adelante el proceso de consulta pública, que recibió más de 150 observaciones de ciudadanos, organizaciones sociales y entidades profesionales. También se incorporaron informes sobre el posible impacto en comunidades indígenas, con especial atención a las Huarpe Llahuén Xumec y Huarpe Guaytamari.
Aunque el informe valora positivamente el procedimiento participativo, algunos sectores han manifestado que las respuestas oficiales a las observaciones presentadas fueron limitadas o insuficientes, en particular sobre temas hídricos y culturales.
Un proyecto con respaldo técnico y reparos sociales
El aval de la CEIAM marca un paso clave en la tramitación administrativa del proyecto San Jorge, pero no despeja las tensiones sociales ni el debate ambiental que lo rodea. La Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Energía y Ambiente para el sábado 2 de agosto, ya cuenta con más de 3.000 personas inscriptas, y se espera que sea un espacio donde se expresen tanto los apoyos como las resistencias al proyecto.
