RECLAMOS EN RIVADAVIA
El conflicto por el cierre del área de maternidad y neonatología del hospital Saporiti volvió a escalar este miércoles en Rivadavia, donde médicos, autoridades y vecinos se movilizaron para rechazar una medida que responsabilizan directamente al Gobierno provincial.
La decisión, impulsada por el Ministerio de Salud de Mendoza, implica que el hospital deje de atender partos y cierre la internación neonatal, obligando a las mujeres a trasladarse al hospital Perrupato, en San Martín. Para la comunidad, este cambio no solo representa una reestructuración sanitaria, sino una pérdida concreta de acceso a un servicio esencial.
El reclamo fue contundente: profesionales de la salud, junto al intendente Ricardo Mansur, representantes gremiales y vecinos, coincidieron en señalar que la medida responde a una lógica de centralización provincial que no contempla la realidad territorial del departamento.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a las dificultades que enfrentarán las embarazadas, especialmente aquellas que viven en zonas rurales o alejadas. Aunque desde el Gobierno aseguran que habrá traslados y coordinación entre hospitales, en Rivadavia advierten que depender de derivaciones en un momento crítico como el parto implica riesgos y costos adicionales que muchas familias no pueden afrontar.
Además, los trabajadores de la salud cuestionan el argumento oficial de la baja cantidad de partos. Sostienen que el cierre no es una consecuencia inevitable, sino una decisión política que prioriza la reorganización de recursos por sobre la cercanía y accesibilidad del sistema sanitario.
En este contexto, también crece la presión sobre Magalí Cozzari, subdirectora del hospital y concejal electa por el oficialismo provincial. Su doble rol la coloca en el centro de las críticas, ya que vecinos y trabajadores esperan una postura clara en defensa de los servicios de salud locales frente a una medida impulsada por su propio espacio político.
La polémica se amplifica en redes sociales, donde los vecinos expresaron su malestar y vinculan esta decisión con una serie de recortes previos en el departamento, denunciando un progresivo vaciamiento de servicios esenciales. En ese sentido, el cierre de la maternidad aparece como un nuevo punto de tensión entre las necesidades de la comunidad y las políticas sanitarias definidas desde la provincia.
Mientras el Gobierno avanza con el decreto que formalizará los cambios, en Rivadavia el reclamo no cede y suma apoyos. La exigencia es clara: revisar una decisión que afecta el acceso a la salud de las mujeres y profundiza la desigualdad territorial en el sistema sanitario mendocino.
